
A través de un comunicado de prensa de la Secretaría de Economía fechado al 18 de julio, se informó sobre la nueva fase de diálogo en relación al futuro de la planta de amoníaco en Topolobampo, con el objetivo de encontrar acuerdos entre la comunidad, autoridades y la empresa responsable del proyecto. El proceso busca atender las preocupaciones económicas, ambientales y culturales en la Bahía de Ohuira, territorio del pueblo originario Mayo-Yoreme.
Durante la segunda mesa, representantes de cooperativas pesqueras y comunidades detallaron la relevancia de la pesca en la vida y economía local. Señalaron que “la pesca constituye una actividad ancestral que forma parte de su identidad cultural, de su organización comunitaria y de su sistema económico, del cual depende la subsistencia de numerosas familias, y que, en su perspectiva, se verá alterada por el funcionamiento de la planta”.
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La empresa presentó sus acciones de desarrollo económico asociadas al proyecto y expresó su disposición a construir nuevas acciones con la comunidad.
El gobierno federal reconoció el valor de ambas perspectivas y llamó a “profundizar y aterrizar en las alternativas económicas reales que respeten el sistema de creencias y el sistema normativo del pueblo Mayo-Yoreme, en la pesca, en la comercialización del camarón y otras especies y la certificación de sus productos pesqueros y agrícolas”.
El proceso de diálogo acordó crear un programa de desarrollo comunitario específico para la zona, encabezado por el gobierno estatal y federal, sin administración de beneficios por parte de empresas. También se definió la integración de las comunidades originarias en el análisis del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar.
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Las mesas continuarán conforme a la metodología pactada, permitiendo el análisis técnico y la exposición de argumentos. El gobierno federal sostuvo que las decisiones públicas “se construyan mediante el diálogo, la transparencia y el respeto a los derechos humanos”.
El gobierno defiende la obra por su peso económico y agrícola
En una conferencia del 30 de junio, Sheinbaum recordó que el proyecto estratégico comenzó en el sexenio del expresidente AMLO. La presidenta aseguró que la obra cuenta con el respaldo de una consulta ciudadana y con un estudio de impacto ambiental avalado por Semarnat.
La mandataria también reconoció el rechazo de la comunidad indígena mayo-yoreme, así como de científicos y activistas, por los posibles riesgos ambientales en la bahía. En ese contexto, mencionó la supervisión técnica permanente de las condiciones del suelo, el agua y el aire en la zona.
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La posición del gobierno federal es que la planta resulta necesaria para la autosuficiencia en insumos agrícolas y para reducir la dependencia de importaciones. Según esa postura, el complejo fortalecería la soberanía energética y beneficiaría a productores nacionales.
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