Víctimas de la masacre LeBarón buscan que EEUU use activos de Ismael “El Mayo” Zambada para pagarles indemnización

Las familias de las víctimas de la masacre del 4 de noviembre de 2019 en la que murieron integrantes del clan LeBarón pidieron al juez federal Brian M. Cogan, del Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, que embargara los bienes bloqueados de Ismael “El Mayo” Zambada para satisfacer una sentencia de compensación que obtuvieron en 2022 contra el Cártel de Juárez. La solicitud llegó días antes de la audiencia de sentencia del capo, programada para el 20 de julio de 2026.

El despacho Motley Rice LLC, que representa a las familias, presentó este 15 de julio de 2026 el Documento ante el juez Cogan. En él argumentó que “El Mayo” fue un agente o instrumento del Cártel de Juárez y que sus activos bloqueados debían responder por esa sentencia.

La solicitud se apoyó en la Ley de Seguro contra Riesgos del Terrorismo de 2002 (TRIA), que permite a víctimas de terrorismo ejecutar sentencias contra bienes congelados de grupos terroristas y sus instrumentos.

El acuerdo de culpabilidad de Zambada incluye la confiscación de 15 mil millones de dólares. Los documentos del caso fueron difundidos este 15 de julio de 2026 en redes sociales por diversos periodistas, entre ellos Jesús García y Arturo Ángel.

Cabe señalar que la solicitud de las familias llegó el mismo día en que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos actualizó la clasificación del Cártel de Juárez dentro de su lista de organizaciones sancionadas, al incorporarlo formalmente a la categoría de grupo terrorista transnacional.

Motley Rice acusó que el gobierno de EEUU busca excluir a las familias del decomiso

El despacho Motley Rice acusó en el documento publicado este 15 de julio que el gobierno de Estados Unidos presentó el pasado 13 de julio de 2026 ante el juez Cogan una propuesta de Orden de Decomiso en la que declaró que solo él tendría título sobre los montos pagados por el acusado para satisfacer la Sentencia de Decomiso de Dinero.

La propuesta dirigió todos los pagos directamente a la Sección de Decomiso de Activos de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York.

El gobierno argumentó que terceros como las familias “no tienen legitimación para objetar” porque la sentencia es una resolución in personam contra el acusado, no una orden dirigida a activos específicos en los que un tercero pudiera tener interés. Las familias rechazaron esa postura de forma expresa.

John M. Eubanks, abogado de Motley Rice que representa a las familias LeBarón, señaló que la propuesta del gobierno “precisamente eliminaría la oportunidad” que el propio juez Cogan había garantizado a las familias.

El escrito de Motley Rice también cuestionó que Ismael “El Mayo” Zambada no tuviera bienes conocidos o identificables para satisfacer la sentencia de decomiso, a pesar de que su acuerdo de culpabilidad lo obligaba a entregar al gobierno un estado financiero completo y veraz 60 días antes de la sentencia.

Las cinco peticiones que la defensa presentó ante el juez Cogan a nombre de las familias LeBarón

Las familias formularon cinco solicitudes al juez Brian Cogan. Primero, que emitiera una orden preliminar de decomiso para no retrasar la sentencia del 20 de julio.

Segundo, que les autorizara un proceso de descubrimiento limitado sobre los bienes de “El Mayo”, incluido el examen del estado financiero requerido por el párrafo 14 del acuerdo de culpabilidad.

Tercero, que ordenara al gobierno entregarles una copia de ese estado financiero, bajo sello o con una orden de protección si el juez lo consideraba necesario.

Cuarto, que aclarara que cualquier orden preliminar no afectaría los derechos de las familias bajo la TRIA para embargar activos bloqueados, renovar su solicitud de orden de ejecución o presentar una petición de tercero una vez que se identificaran bienes sustitutos.

Quinto, que ordenara notificar a las familias de manera oportuna sobre cualquier pago recibido o bien sustituto identificado para satisfacer la Sentencia de Decomiso de Dinero. El abogado de la familia informó al juez en el escrito que el consejo de los demandantes tenía previsto estar presente en la audiencia de sentencia del lunes 20 de julio de 2026.

El vínculo entre "El Mayo" y el Cártel de Juárez no quedó detallado en el documento presentado por Motley Rice. El despacho lo alegó en términos estrictamente legales —como agente o instrumento de esa organización— sin presentar en ese escrito evidencia operativa sobre si Zambada ordenó, financió o coordinó la masacre del 4 de noviembre de 2019.

Nueve integrantes del de la familia LeBarón murieron en la emboscada

El 4 de noviembre de 2019, un brazo armado del Cártel de Juárez, conocido como La Línea, emboscó a tres mujeres y catorce niños de la familia LeBarón en los límites de Chihuahua y Sonora.

Murieron nueve personas: las mujeres Christina Marie Langford Johnson, Dawna Ray Langford y Rhonita Maria Miller —hija de Adrián LeBarón—, y los niños Howard Jacob, Krystal Bellaine, Titus Alvin, Tiana Gricel, Trevor Harvey y Rogan Jay.

En 2022, las familias obtuvieron una sentencia judicial contra el Cártel de Juárez en un tribunal federal de Estados Unidos, registrada ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York el 12 de septiembre de 2023. Esa condena es el instrumento legal con el que ahora buscan ejecutar los bienes de El Mayo.

La FGR confirmó que El Mayo llegó a Estados Unidos secuestrado y entregó al piloto que lo trasladó

Zambada no se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses. Según los reportes, Joaquín Guzmán López lo atrajo con engaños a una reunión en el rancho Santa Julia, en las afueras de Culiacán, con el pretexto de mediar en un conflicto relacionado con la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Ya en el lugar, habría cerrado la puerta con llave, sus hombres entraron para sacar al capo, lo esposaron y lo trasladaron en camioneta hasta la zona de Campo Berlín, donde abordó el avión que lo llevó a Estados Unidos.

Zambada fue arrestado una vez que pisó suelo estadounidense, en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, el 25 de julio de 2024.

La FGR confirmó este 15 de julio de 2026 que el piloto que realizó ese traslado fue Mauro Alberto N, alias “El Jando”, operador aéreo del Cártel de Sinaloa cercano a Iván Archivaldo Guzmán. La identidad se estableció mediante coincidencias de voz y huellas dactilares.

“El Jando” fue detenido en febrero de 2025 y en agosto de ese mismo año fue entregado a Estados Unidos junto con otros 25 delincuentes de alta peligrosidad, con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional.

La llegada de Zambada a suelo estadounidense derivó en una guerra entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos dentro del Cártel de Sinaloa, con una oleada de homicidios y desapariciones que se extendió desde septiembre de 2024 hasta la actualidad.