Este miércoles 15 de julio la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el aseguramiento de más de 30 mil litros y 25 mil kilos de precursores químicos durante un cateo ejecutado en el poblado Acatita, municipio de Tamazula, Durango.
Según datos oficiales, el operativo derivó de una denuncia ciudadana que alertó a un elemento de la Guardia Nacional (GN) sobre un inmueble utilizado presuntamente para actividades delictivas vinculadas a la producción de drogas sintéticas.
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La diligencia en el sitio fue autorizada por un juez federal a solicitud del agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) en Durango. La investigación se abrió por la posible comisión del delito de posesión de precursores químicos, según informó la FGR.
El aseguramiento incluyó sustancias líquidas y sólidas almacenadas en tambos, costales y cajas
En total fueron asegurados 30 mil 119 litros de sustancias líquidas, las cuales se encontraban distribuidas en tambos y bidones. Por otra parte los 25 mil 525 kilos de material sólido —granulado, en escamas y en hojuelas— estaban contenidos en costales, tambos y cajas de cartón.
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Según la denuncia, el conjunto de materiales habría sido destinado a la elaboración de drogas sintéticas.
La Policía Federal Ministerial (PFM) ejecutó la diligencia con apoyo en seguridad perimetral de la GN y del Ejército Mexicano. La coordinación entre las tres instancias fue parte del protocolo de ejecución de la orden judicial.
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En el inmueble también fueron localizados tanques de gas de distintos tamaños, varios con corrosión visible, así como contenedores metálicos cilíndricos que habrían funcionado como hornos artesanales para la producción de drogas sintéticas. Las autoridades no precisaron los tipos de sustancias químicas aseguradas ni proporcionaron información sobre posibles detenidos vinculados al inmueble.
Al término del operativo, los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado. La FECOR será la encargada de continuar con las investigaciones correspondientes para determinar el origen de las sustancias y los posibles responsables.
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El cateo ocurrió en Tamazula, municipio serrano de Durango que forma parte del Triángulo Dorado, la región donde confluyen Durango, Sinaloa y Chihuahua y que concentra una de las mayores tradiciones de producción de drogas en el país. La zona ha sido escenario recurrente de operativos federales por su posición dentro del corredor de cultivo de amapola y marihuana históricamente vinculado al Cártel de Sinaloa, y en tiempos recientes por la presencia de narcolaboratios para fabricar metanfetamina o fentanilo.
Esto dice la ley sobre los precursores químicos
De acuerdo con el artículo 2 de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos, los precursores químicos son “sustancias fundamentales para la producción de drogas sintéticas”. La ley regula su producción, almacenaje, transporte, importación y distribución en todo el territorio nacional.
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Quien las posea sin autorización enfrenta una pena de entre siete y diez años de prisión; mientras que quien las desvíe de sus fines inicialmente reportados para fabricar narcóticos, de entre diez y quince años.
El Ejército desmanteló tres laboratorios de metanfetamina en Cosalá, días antes
El operativo en Durango se produjo en el mismo periodo en que el Gabinete de Seguridad reportó el desmantelamiento de tres laboratorios clandestinos de metanfetamina en Cosalá, Sinaloa, el 13 de julio de 2026. Las instalaciones estaban ubicadas en los poblados Santa Anita, La Ilama y Pueblo de Alayá.
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En esos tres puntos se aseguraron 2 mil 350 litros de sustancias químicas presuntamente destinadas a la fabricación de metanfetamina. El Ejército Mexicano identificó los sitios mediante trabajos de inteligencia enfocados en el combate a la producción de drogas en la región, e inhabilitó las instalaciones para impedir que la delincuencia organizada retomara las actividades.
El Gabinete de Seguridad estimó que la afectación económica para los grupos delictivos tras el decomiso de Cosalá fue de 45 millones de pesos, cifra que considera tanto el material asegurado como la capacidad productiva eliminada.
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