
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Enrique “N”, sacerdote de la Arquidiócesis de México con 25 años de ministerio, por el delito de pederastia agravada contra una adolescente de 17 años en la alcaldía Cuauhtémoc. Un juez lo envió a prisión preventiva el 14 de julio de 2026 tras una investigación que arrancó con el hallazgo de conversaciones sexuales en el teléfono celular de la víctima.
La detención ocurrió el 9 de julio en las inmediaciones de la Parroquia San Martín de Porres, en la alcaldía Cuauhtémoc, cuando agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron una orden de aprehensión girada por el Ministerio Público.
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Conversaciones ocultas como “Winnie Poo”
La investigación formal arrancó el 4 de junio de 2026, pero el origen del caso se remonta al 8 de enero de este mismo año, cuando la madre de la víctima encontró en el teléfono celular de su hija conversaciones de contenido sexual con un contacto guardado bajo el nombre de “Winnie Poo”.
La adolescente identificó ese contacto como Enrique “N” y declaró que el sacerdote la habría obligado a realizar actos de índole sexual en al menos cuatro ocasiones distintas.

Con base en esa denuncia, el Ministerio Público recabó entrevistas, dictámenes periciales y realizó labores de seguimiento técnico. El conjunto de esas diligencias permitió acreditar los datos de prueba suficientes para solicitar y obtener la orden de aprehensión.
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El conjunto de esas diligencias permitió acreditar los datos de prueba suficientes para solicitar y obtener la orden de aprehensión, un hecho central para el desarrollo del caso.
Vinculación a proceso y prisión preventiva
En audiencia celebrada el 14 de julio, la FGJ-CDMX formuló la imputación formal contra Enrique “N” y presentó ante el juez de control los datos de prueba reunidos durante la investigación.
El juez determinó vincular a proceso al imputado por el delito de pederastia agravada, le impuso prisión preventiva como medida cautelar y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
Enrique “N” acumula 25 años de ministerio dentro de la estructura de la Iglesia católica y estaba adscrito a la Parroquia San Martín de Porres, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.
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La Arquidiócesis se enteró por el propio sacerdote
La Arquidiócesis Primada de México emitió un comunicado oficial este 15 de julio en el que reveló que no fue ninguna autoridad civil quien la alertó del caso si no, "un sacerdote perteneciente a esta Iglesia particular le informó que fue detenido por autoridades civiles en el marco de una investigación por la presunta comisión de un delito de carácter sexual en agravio de una persona menor de edad“.

El documento precisó que “hasta el momento, la Arquidiócesis no ha sido notificada por la autoridad competente", aunque manifestó su “plena disposición para colaborar en lo que sea requerido, a fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la procuración de justicia”.
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El cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, instruyó a la autoridad eclesiástica para que iniciara de manera inmediata la investigación previa correspondiente, “de conformidad con el derecho canónico y con los procedimientos establecidos por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe”. El comunicado aclaró que esas medidas internas se llevarán a cabo “sin interferir ni sustituir las actuaciones de las autoridades civiles”.
Protección a la víctima y presunción de inocencia
La institución reiteró en su comunicado su “cercanía con la víctima menor de edad, con su familia y con toda persona que pudiera haber sido víctima de cualquier forma de abuso”, y refrendó su “compromiso permanente con la protección de niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables”.
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La Arquidiócesis dirigió también un llamado expreso a medios de comunicación y usuarios de redes sociales para que se abstengan “de difundir públicamente el nombre, imágenes, datos personales o cualquier información que permita identificar, directa o indirectamente, a la persona menor de edad afectada, con el propósito de proteger su dignidad, así como de evitar cualquier forma de revictimización”.
Al mismo tiempo, la institución invocó “el derecho que toda persona tiene a la presunción de inocencia y al debido proceso” e indicó que “evitará emitir juicios anticipados” y se abstendrá de revelar la identidad del sacerdote mientras las autoridades competentes desarrollen las diligencias correspondientes.
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Sociedad civil exige que no opere el “fuero eclesiástico”
Además, la organización Spes Viva, dedicada a la defensa de los derechos de la infancia, emitió una postura en la que denunció que la Arquidiócesis aprovecha el silencio “para proteger y encubrir este tipo de casos, dejando a las víctimas en estado de gran indefensión y vulnerabilidad”.
La agrupación exigió que la institución eclesiástica “colabore en las investigaciones y rompa su pacto de silencio”, y llama a las autoridades capitalinas a “apegarse a derecho y no hacer valer en este caso el tácito ‘fuero eclesiástico’ que en el pasado ha otorgado impunidad a los ministros católicos pederastas”.
Spes Viva demando que se garantice a la víctima “la correspondiente justicia, reparación integral y garantías de no repetición”.
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