EEUU va por cadena perpetua para Ismael “El Mayo” Zambada y la confiscación de 15 mil millones de dólares

Después de que Ismael “Mayo Zambada”García se declaró culpable por diversos cargos de narcotráfico, la Fiscalía de Estados Unidos solicitó al juez Brian M. Cogan cadena perpétua para el líder y fundador del Cártel de Sinaloa, además de confiscarle bienes por 15 mil millones de dólares.

De acuerdo con la justicia norteamericana, estas condiciones fueron parte del acuerdo “en la declaración de culpabilidad” firmada por el capo sinaloense. Se espera que la Corte en el Distrito Sur de Nueva York, donde se lleva el caso, las tome en cuenta el próximo 20 de julio, día en que se dará a conocer la sentencia contra el líder criminal.

Con 76 años de edad y afectado por diversas enfermedades, Zambada solicitó en días anteriores, a través de una carta, a la justicia de EEUU ser enviado a una prisión médica y no a una de máxima seguridad, esto con la finalidad de recibir cuidados adecuados en los días que le restan de vida.

El Cártel de Sinaloa y décadas de narcotráfico global

Zambada García, de acuerdo con el escrito fiscal, cofundó el Cártel de Sinaloa junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera a finales de los años 80, en una alianza que transformó lo que entonces se llamaba la Federación Mexicana en la organización criminal más poderosa del mundo.

"Junto con su coacusado, Joaquín Guzmán Loera (‘Guzmán’), también conocido como ‘El Chapo’, el acusado fue cofundador, a finales de la década de 1980, del brutalmente violento Cártel de Sinaloa”, mencionó el escrito.

Bajo su conducción, el Cártel estableció vínculos con el Cártel de Medellín y otras organizaciones colombianas para abastecer el mercado estadounidense. Los envíos crecieron hasta el punto en que la organización recibía, de manera rutinaria, entre 15 y 20 vuelos nocturnos, cada uno cargado con entre mil y mil 500 kilogramos de cocaína.

Tras la extradición del Chapo a Estados Unidos en enero de 2017, Zambada se convirtió en el único líder máximo del Cártel. Durante esa etapa, la organización distribuyó al menos 1,5 millones de kilogramos de cocaína y amplió su catálogo hacia la heroína y el fentanilo, generando miles de millones de dólares en ganancias anuales.

“Se expandió hacia la distribución de otras drogas, incluidas la heroína y el fentanilo”, agregó la fiscalía.

Asesinatos, torturas y corrupción a escala estatal

La fiscalía describió un aparato de violencia sistemática bajo las órdenes directas de Zambada. El Cártel mantuvo arsenales de armas de grado militar, fuerzas de seguridad privadas y grupos de sicarios que ejecutaban asesinatos, secuestros y torturas para disciplinar a sus propios integrantes, eliminar rivales y silenciar a quienes cooperaban con las autoridades.

Entre los casos documentados, el escrito señala que en mayo de 2024, apenas meses antes de su arresto, Zambada ordenó el asesinato de su sobrino Eliseo Imperial Castro, alias “Cheyo Ántrax”, hallado muerto en un automóvil a la orilla de una carretera en Culiacán, Sinaloa, luego de que el acusado descubriera que cobraba deudas en su nombre sin autorización.

“El acusado participó en asesinatos sistemáticos de miembros del propio Cártel, miembros de cárteles rivales, y personal de las fuerzas del orden y militares que traicionaron o actuaron en contra de los objetivos del Cártel.”, se lee en el documento.

En paralelo, el gobierno detalló un esquema de corrupción que alcanzó a todos los niveles del Estado mexicano, policías locales, comandantes militares y funcionarios políticos recibían millones de dólares al año para garantizar que el Cártel operara sin interferencias.

Esos pagos fueron documentados en los juicios contra el Chapo y contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna.

“La corrupción en todos los niveles era necesaria para permitir que el Cártel funcionara con tanta eficacia y a tan gran escala: desde policías locales que escoltaban la droga a través de México, hasta funcionarios corruptos que informaban al Cártel sobre operaciones militares, frustraban operativos de captura y consultaban con el Cártel sobre procedimientos e investigaciones en su contra.“, agregó la institución.

La disputa por el centro de reclusión

La defensa de Zambada solicitó que el juez recomiende su traslado a un centro penitenciario federal con capacidad médica, como el FMC Butner, el FMC Rochester o el MCFP Springfield. La fiscalía no objeta que el tribunal considere las condiciones de salud del acusado, pero pide que también se ponga en la balanza el riesgo de seguridad que representa.

“Muchos miembros del Cártel siguen siendo leales al acusado, incluido uno de sus hijos, quien continúa siendo un líder clave de la facción del acusado dentro del Cártel en su ausencia. Existe, por tanto, una razón fundada para temer que, si se le permitiera, el acusado podría continuar dirigiendo el Cártel desde prisión.“, afirmó el órgano policial.

El escrito advirtió que Zambada fue detenido bajo Medidas Administrativas Especiales —el régimen de aislamiento más estricto del sistema federal estadounidense— y que miembros del Cártel, incluido uno de sus hijos, siguen activos y leales a él.

El Departamento de Estado designó al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera, lo que agrega una capa adicional de preocupación institucional sobre cualquier decisión de alojamiento.

El papel de Zambada junto a El Chapo

El memorándum detalla la relación entre Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, con quien cofundó el cártel a finales de los años 80. Cuando El Chapo fue arrestado en Guatemala en junio de 1993, tras el tiroteo en que murió el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, y entregado a México, Zambada lo apoyó para escapar de prisión en 2001 y eludir su extradición a Estados Unidos.

Tras la caída de su socio, Zambada quedó como el líder de mayor rango dentro del Cártel de Sinaloa hasta julio de 2024, cuando Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, lo entregó a autoridades estadounidenses.