Claudia Sheinbaum pide pruebas por detenciones de dos alcaldesas de Morena y asegura que no habrá impunidad

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este 14 de julio que no existe impunidad ante delitos cometidos por alcaldes, pero enfatizó que el gobierno federal solo puede actuar cuando existen pruebas sólidas.

La declaración se produjo en respuesta a preguntas de la prensa sobre la detención de Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila; y la imputación de Nancy Nápoles Pacheco, presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, tras ser señaladas por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos en Morena.

A raíz de los hechos, la mandataria estableció dos condiciones para actuar ante presuntos delitos de autoridades municipales: primero, verificar que los delitos sean reales y no asuntos de carácter político; segundo, contar con pruebas contundentes para proceder. “El gobierno de la república no protege a nadie, a nadie, pero tiene que haber pruebas contundentes para poder actuar”, afirmó la presidenta.

Bajo esta premisa, Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Gobernación para reunir toda la información sobre las investigaciones contra las presidentas municipales implicadas, a fin de analizar exhaustivamente la documentación de ambos casos.

Para respaldar su postura de cero impunidad, la mandataria recordó la detención del presidente municipal de Cuautla, Morelos, quien llegó al cargo por el PAN y el PRI, y fue apresado por coordinar extorsiones y mantener vínculos con grupos delictivos. Este hecho ejemplificó la disposición del gobierno a actuar, independientemente del partido.

Asimismo, mencionó el caso del alcalde de Tequila, Jalisco, electo por Morena, quien también fue detenidos y el trabajo coordinado con empresarios propiciaron una disminución marcada en las extorsiones en la región. Ambos casos, según Sheinbaum, demuestran que la justicia se aplica cuando existen pruebas claras y suficientes.

“Tenemos que trabajar más, sí, tenemos que seguir construyendo la paz y seguridad en el país”, dijo la presidenta al cerrar el tema, y precisó que el gabinete de seguridad está integrado por “hombres y mujeres muy profesionales que han puesto en riesgo su vida”, concluyó al destacar que el gobierno federal dará a conocer los avances en ambos casos de las alcaldesas.

Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz detenida en Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detuvo a Tania Flores Guerra el pasado 4 de julio en la colonia San Agustín de San Pedro Garza García, Nuevo León, por los delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones.

De acuerdo con las investigaciones, la funcionaria gobernó el municipio de Múzquiz entre 2022 y 2024. Sin embargo, tras su detención, fue trasladada al Centro de Reinserción en Coahuila para continuar su proceso legal en ese estado.

El caso de la exalcaldesa tiene antecedentes desde diciembre de 2025, cuando la jueza María Galindo Hernández la vinculó a proceso por ejercicio abusivo de funciones en una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal de Saltillo. En esa ocasión, la jueza determinó que existían elementos suficientes para continuar por la vía penal y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, con posibilidad de ampliarse hasta seis.

Las irregularidades señaladas en esa etapa se relacionaron con presuntas contrataciones de servicios del municipio durante su administración. La exfuncionaria permaneció en prisión preventiva mientras se preparaba su audiencia de vinculación a proceso.

Nancy Nápoles Pacheco: imputación por simulación de secuestro en Tenancingo

El segundo caso es de la presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles Pacheco, quien enfrenta desde el 9 de julio una imputación formal por el delito de simulación de secuestro. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sostiene que el supuesto plagio, reportado por Nápoles el 31 de mayo, habría sido planeado por la propia funcionaria desde febrero de 2026.

La hipótesis señala que el objetivo era justificar un faltante de 40 millones de pesos en las finanzas municipales. Un detenido declaró que el rescate simulado se planeó para encubrir ese desfalco con recursos municipales.

Las imágenes de videovigilancia revisadas por la FGJEM no mostraron actos violentos el día del supuesto plagio. Por el contrario, uno de los involucrados ayudó a Nápoles a bajar de su vehículo y abordar un automóvil conducido por otra participante identificada como Karla Valeria “N”.

Cabe mencionar que la audiencia de imputación se celebró de forma privada a petición de la defensa de la alcaldesa, bajo el argumento de que la carpeta de investigación contenía información que podría comprometer la captura de personas aún prófugas. El esposo de Nápoles, José Roberto “N”, y su cuñado, Óscar “N”, no se presentaron ante el juez y fueron declarados sustraídos de la acción de la justicia.

Tres personas ya habían sido detenidas previamente en relación con el caso: Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Cristian “N”, capturados en Oaxaca en un operativo conjunto de la FGJEM y la Fiscalía de ese estado. La pista que los ubicó fue el teléfono celular que le entregaron a Nápoles durante los hechos para realizar las llamadas de exigencia del rescate: el dispositivo registró desplazamiento hacia el interior de la república.

Nápoles rechazó todas las acusaciones y afirmó que sí fue víctima de un secuestro real. Sostuvo que las investigaciones responden a intereses de un funcionario subordinado de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México que, según dijo, busca competir por la presidencia municipal e impedir su reelección.

El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, respondió a esas señalamientos con una postura de respeto institucional: “Si considera que existe algún elemento, tiene que presentarlo y con gusto lo atenderemos”. Duarte rechazó que existiera persecución política desde la administración estatal y subrayó que el caso debe dirimirse en el terreno jurídico.

El 18 de junio, Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, solicitó formalmente a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) el inicio de un procedimiento sancionador ordinario contra Nápoles. La CNHJ sesionó ese mismo día y determinó abrir el proceso, con análisis de posibles medidas cautelares que incluyen la suspensión de los derechos partidarios de la alcaldesa.