Amnistía Internacional cuestiona la recomendación de la CNDH por el caso Ayotzinapa, “ha optado por respaldar la actuación del Estado”

La organización Amnistía Internacional expresó su preocupación tras la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa, al considerar que debilita los estándares de protección a los derechos humanos en México.

Por su parte, el Gobierno Federal se deslindó de la elaboración del documento y ordenó su revisión interna. La controversia giró en torno a la postura de la CNDH respecto a la participación militar en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

Amnistía Internacional advirtió que la recomendación 208VG/2026 respaldó la actuación del Estado y deslegitimó el trabajo de organismos internacionales y organizaciones civiles que acompañaron la búsqueda de justicia por parte de las familias.

La organización señaló que, pese a que existen al menos 17 miembros del Ejército vinculados a proceso, el informe de la CNDH exoneró a la Secretaría de la Defensa Nacional al afirmar que no había pruebas de su participación, lo que generó preocupación por el mensaje institucional sobre la verdad y la justicia en el país.

Dicha recomendación, emitida tras una investigación de la CNDH, sostuvo que no existían documentos ocultos ni pruebas que justificaran una acusación formal contra la Defensa. El organismo reconoció antecedentes de represión militar en décadas pasadas, pero insistió en que en este caso no había elementos para hablar de un plan de exterminio estatal.

Amnistía Internacional vio riesgos para la verdad y la justicia

Lamentó Amnistía Internacional que la CNDH eligiera respaldar la versión oficial y debilitara el acompañamiento internacional al caso, en un contexto donde la falta de transparencia y el acceso a la información por parte de la Defensa siguen siendo obstáculos para el esclarecimiento de los hechos. La organización enfatizó que la resolución envió un mensaje alarmante sobre el compromiso institucional con la búsqueda de justicia en desapariciones forzadas.

El documento de la CNDH cuestionó el papel de las organizaciones internacionales, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, al desestimar sus investigaciones sobre la desaparición de los normalistas. Según la comisión, la versión sobre la responsabilidad militar se alimentó de declaraciones de exautoridades y de la sociedad civil, pero no se sustentó en evidencia objetiva.

En la recomendación, la CNDH aseguró que la Defensa entregó más de 18 mil 800 fojas a diferentes instancias, incluidos documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, y sostuvo que no existían folios ocultos relacionados con el caso Ayotzinapa. El informe también apuntó que la controversia sobre la supuesta retención de información se utilizó para sostener especulaciones no comprobadas contra el Ejército.

Sheinbaum ordenó revisión interna y descartó injerencia

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó cualquier participación de su gobierno en la elaboración o publicación de la recomendación de la CNDH y aclaró que el Ejecutivo federal desconocía el momento en que saldría a la luz el informe. La mandataria afirmó que su gobierno mantiene abiertas las líneas de investigación y que los resultados se compartirían con las familias antes de hacerse públicos.

En respuesta al informe, la presidenta instruyó a la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, a realizar un análisis exhaustivo del documento, sin emitir por ahora una postura específica sobre su contenido.

También cobró fuerza la polémica en torno a la autonomía de la CNDH, luego de que la diputada federal, Laura Ballesteros Mancilla, señaló que la comisión actuaba como un órgano desconcentrado del partido en el poder y del Ejército, e insistió en impulsar un juicio político contra su titular, Rosario Piedra Ibarra.

La CNDH dirigió su recomendación no solo a instancias federales, sino también a autoridades estatales y municipales. El documento ordenó:

Garantizar la inscripción de los afectados en el Registro Nacional de Víctimas y acceso inmediato a atención médica, psicológica y tanatológica gratuita. Supervisar la reparación integral del daño y fortalecer las escuelas normales rurales con autonomía, infraestructura y presupuesto adecuados.

Además, la recomendación exigió que los avances en la búsqueda e identificación de los normalistas fueran informados a las familias y que la participación de los familiares estuviera garantizada bajo estándares de derechos humanos. También solicitó retirar cualquier imagen o información que revictimizara o criminalizara a los estudiantes y propuso capacitación continua en derechos humanos para cuerpos policiales en Guerrero.

La CNDH reconoció a 79 personas como víctimas en el caso y mantuvo abierta la posibilidad de incorporar nuevos casos.