CNDH libra al Ejército en Ayotzinapa, pero Encinas exhibe documentos sobre soldado infiltrado

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el pasado 9 de julio la Recomendación 208VG/2026, un documento de más de 860 páginas sobre el caso Ayotzinapa. En él, el organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra concluye que no existe responsabilidad institucional ni participación militar directa en la desaparición de los 43 normalistas ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La recomendación sí reconoce 92 víctimas de violaciones graves a derechos humanos, entre ellas desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, acota la responsabilidad castrense a actos de omisión individual, por los cuales hay 20 elementos militares bajo proceso penal.

Un punto que generó especial rechazo es que el documento no fue dirigido a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a diferencia de otras 22 autoridades notificadas. Además, la CNDH cuestionó los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), a los que atribuye haber impulsado una narrativa que calificó de “antiverdad” sobre la presunta responsabilidad militar.

La respuesta de Encinas

Ante esta conclusión, Alejandro Encinas Rodríguez, quien presidió la Covaj entre 2018 y 2023 y actualmente se desempeña como embajador de México ante la OEA, publicó en la red social X una serie de documentos oficiales de la Sedena.

Según estos documentos, el soldado de infantería Julio César López Patolzin —uno de los 43 normalistas desaparecidos— estaba adscrito como Órgano de Búsqueda de Información (OBI) dentro de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, con lo que Encinas denominó una “fachada de alumno”. Los archivos detallan, entre otros puntos:

• Su ingreso a trámites de inscripción en junio de 2014 con fines de inteligencia militar.
• Su reporte de actividades como órgano de búsqueda la mañana del 26 de septiembre de 2014, horas antes de los ataques.
• Mecanismos de comunicación esporádica con sus mandos superiores.

La recomendación de la CNDH, por su parte, descarta que López Patolzin fuera un infiltrado o informante, y sostiene que su presencia en la normal se ampararía en una disposición reglamentaria que permite a militares cursar estudios.

Reacciones de organizaciones y representantes legales

La recomendación también fue criticada por organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que señaló una presunta falta de autonomía del organismo. En entrevista, Isidoro Vicario, abogado de padres y madres de los normalistas, afirmó que la CNDH no tuvo un acercamiento previo con las familias antes de emitir el documento y consideró que la recomendación no aporta elementos para esclarecer el paradero de los estudiantes.

Vicario también recordó que, de acuerdo con el GIEI, el Ejército habría infiltrado personal en la normal desde 2010, y que existen testimonios de sobrevivientes sobre la presencia de un convoy militar en el Hospital Cristina de Iguala la noche de los hechos —versión que la CNDH atribuye a una revisión rutinaria sin agresión directa.

Hasta el momento, la Sedena no ha emitido un pronunciamiento público adicional sobre los documentos difundidos por Encinas.