
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó revisar, de manera extraordinaria, la sentencia emitida en 2018 que ordenó la creación de la Comisión para la Investigación y la Verdad del Caso Iguala, relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
La decisión abre un nuevo capítulo jurídico en uno de los casos más emblemáticos del país y ha generado preocupación entre organizaciones civiles, que consideran que podría retrasar el cumplimiento de una resolución firme.
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La determinación fue aprobada por unanimidad del Pleno mediante el ejercicio de la facultad de atracción respecto de cuatro recursos de revisión extraordinaria promovidos por autoridades federales.

Con ello, el máximo tribunal analizará los alcances constitucionales de la sentencia dictada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
Organizaciones cuestionan la reapertura de una resolución definitiva
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que la decisión de la Corte pone nuevamente a debate una sentencia considerada definitiva, lo que, a su juicio, genera incertidumbre jurídica y tensiona el principio de cosa juzgada, que busca dar certeza sobre las resoluciones judiciales firmes.
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Recordaron que el fallo de mayo de 2018 representó uno de los precedentes más relevantes del caso Ayotzinapa, ya que ordenó reponer la investigación tras identificar graves irregularidades y dispuso la creación de una Comisión para la Investigación y la Verdad como un mecanismo extraordinario para garantizar una indagatoria independiente y efectiva, con participación de las víctimas.

Asimismo, destacaron que dicha resolución concluyó que la investigación que dio origen a la llamada “verdad histórica” estuvo marcada por violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo actos de tortura, además de omisiones en diversas líneas de investigación.
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¿Qué revisará la Suprema Corte?
Los recursos extraordinarios fueron promovidos por autoridades del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, quienes argumentaron que debieron haber sido llamadas al juicio de amparo.
Aunque fueron presentados desde 2018, permanecieron pendientes durante varios años y comenzaron a admitirse hasta octubre de 2025.
En 2026, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República solicitó a la SCJN atraer los expedientes para definir la viabilidad jurídica y material del cumplimiento de la sentencia, al sostener que existían obstáculos para la creación de la Comisión de la Verdad.
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La Corte analizará, entre otros aspectos, si un tribunal de amparo podía ordenar la creación de un mecanismo extraordinario de investigación o si esa determinación vulnera principios constitucionales como la relatividad de las sentencias y la división de poderes.
Así se suscitaron los hechos
- En 2018, un tribunal federal ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa.
- La resolución dispuso crear una Comisión para la Investigación y la Verdad del Caso Iguala.
- Los recursos de revisión extraordinaria fueron promovidos por autoridades federales desde 2018.
- La Consejería Jurídica de la Presidencia solicitó este año que la Suprema Corte atrajera los asuntos.
- La ministra Sara Irene Herrerías Guerra se excusó de participar por haber encabezado anteriormente la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.
Debate sobre seguridad jurídica y acceso a la verdad
Las organizaciones que representan a las familias de los estudiantes señalaron que esta revisión extraordinaria no está prevista expresamente en la Constitución ni en la Ley de Amparo para modificar los efectos de una sentencia firme, por lo que consideran que la decisión podría generar incertidumbre sobre la estabilidad de las resoluciones judiciales.
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También advirtieron que la reapertura del debate difícilmente contribuirá a acelerar el esclarecimiento del caso y, por el contrario, podría prolongar los tiempos para cumplir una resolución que reconocía la necesidad de una investigación autónoma con participación de las víctimas.
Por su parte, la Fiscalía General de la República ha cuestionado la creación de la comisión al considerar que podría interferir con las funciones de la unidad especializada encargada de investigar el caso Ayotzinapa.
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Caso Ayotzinapa permanece sin resolverse a casi 12 años
A poco más de dos meses de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, el caso continúa sin un esclarecimiento total. Organizaciones civiles sostienen que aún existen pendientes relevantes, entre ellos el acceso a información de inteligencia, la colaboración de distintas instituciones y el avance en procesos de extradición de personas consideradas clave para la investigación.
Con la atracción de estos recursos, la Suprema Corte definirá si la sentencia de 2018 mantiene íntegros sus efectos o si corresponde modificar el alcance de una de las resoluciones judiciales más importantes relacionadas con el caso Ayotzinapa, una decisión que será seguida de cerca por las familias de los estudiantes, autoridades y organizaciones defensoras de derechos humanos.
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