Fiscalía sentencia a dos presuntos integrantes del CJNG por extorsionar a comerciante en el Edomex

Los condenados se valieron de su presunta membresía con el CJNG para intimidar al propietario de un negocio y obligarlo a pagar una 70 mil pesos

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Los condenados se valieron de su presunta membresía en una organización con raíces en Jalisco para intimidar al propietario de un negocio y obligarlo a pagar una cuota de 70 mil pesos. Créditos: FGJEM
Los condenados se valieron de su presunta membresía en una organización con raíces en Jalisco para intimidar al propietario de un negocio y obligarlo a pagar una cuota de 70 mil pesos. Créditos: FGJEM

Néstor Ignacio Silva Ontiveros y Yael Abraham García Arriazola fueron condenados a 40 años y nueve meses de prisión por el delito de extorsión contra un comerciante en Atizapán de Zaragoza, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México demostrara su culpabilidad ante un juez.

Los dos sentenciados ingresaron el 28 de enero de 2025 al establecimiento comercial de la víctima haciéndose pasar por clientes. Una vez dentro, la sometieron, se identificaron como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la obligaron a tomar una llamada telefónica en la que un tercero le exigió 70 mil pesos para permitirle operar su negocio sin causarle daño a ella ni a su familia. Ante las amenazas, la víctima entregó una cantidad de dinero en efectivo.

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La manera en que usaron la intimidación y el engaño fue fundamental para consumar la extorsión y obtener el pago exigido.

Cómo operaron los extorsionadores

El modus operandi de Silva Ontiveros y García Arriazola combinó el engaño con la intimidación directa. Primero se presentaron como compradores para no levantar sospechas al ingresar al local. Ya dentro, sometieron a la víctima y activaron la llamada de un tercer cómplice, quien formuló la exigencia económica.

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Mujer de cabello oscuro y suéter gris, con expresión de pánico, sostiene un teléfono móvil en cada oreja. Fondo oscuro con una luz roja tenue a la izquierda.
Ya dentro, sometieron a la víctima y activaron la llamada de un tercer cómplice, quien formuló la exigencia económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuota de 70 mil pesos fue presentada como condición para que la víctima pudiera continuar con su actividad comercial. La amenaza incluyó a los familiares del comerciante, un elemento de presión para garantizar el pago y desalentar la denuncia.

La investigación de la FGJEM

Al tomar conocimiento del caso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició las investigaciones correspondientes. A través de diligencias ministeriales, la institución identificó a los dos participantes directos en el hecho y solicitó ante el juez competente órdenes de aprehensión en su contra.

Agente de seguridad de espaldas con uniforme azul oscuro, gorra y el logo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Fondo de edificio antiguo y personas.
Al tomar conocimiento del caso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició las investigaciones correspondientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elementos de la Fiscalía ejecutaron los mandamientos judiciales y detuvieron a Silva Ontiveros y a García Arriazola. Tras su captura, ambos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial para el inicio del proceso legal.

Durante las diligencias, las pruebas recabadas fueron determinantes para dictar la sentencia condenatoria y asegurar la impartición de justicia.

Durante el proceso, la FGJEM presentó las pruebas necesarias para acreditar la responsabilidad de los imputados en el delito de extorsión. El juez a cargo del caso valoró el material probatorio y emitió sentencia condenatoria.

40 años y nueve meses de condena

La pena impuesta a Silva Ontiveros y García Arriazola asciende a 40 años y nueve meses de prisión por el delito de extorsión. La resolución judicial pone fin a un proceso que inició con la denuncia del comerciante afectado y que derivó en la identificación, detención, procesamiento y condena de los responsables.

El Edomex frente a la extorsión por derecho de piso

La condena se produce en un contexto de ofensiva institucional contra este delito en la entidad. La estrategia antiextorsión coordinada en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, evitó que víctimas realizaran pagos por un total de 30 millones 644 mil 603 pesos entre el 28 de mayo y el 24 de junio de 2026, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

Durante ese periodo, la SSEM registró 3 mil 457 reportes. De ese total, mil 275 correspondieron a extorsión telefónica, mil 274 a fraude telefónico, 485 a otras modalidades, 240 a llamadas maliciosas, 102 a amenazas, 50 a extorsión electrónica y 23 a casos de extorsión por derecho de piso, la misma modalidad bajo la cual operaron los dos sentenciados.

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