Organizaciones presentan amicus curiae para impedir construcción de granja de huevos en Yucatán que ocasionaría daño ambiental

Organizaciones ambientales y de derechos humanos, nacionales e internacionales, buscan impedir la construcción de una granja avícola de la empresa Bachoco, denominada “Akutzá”, debido a que traería consigo daños ambientales importantes que afectarían a las comunidades de la zona.

A través de un comunicado, las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran Greenpeace México, Instituto de Derecho Ambiental, A.C. (IDEA), organizaciones que integran el Espacio OSC, como Artículo 19, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), entre otras, informaron que presentaron un Amicus Curiae ante el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el marco del recurso de revisión 47/2025, relacionado con la autorización, construcción y operación de la granja avícola.

El Amicus Curiae solicita que se reconsidere el proyecto de resolución relativo a este caso y se frene la operación del complejo avícola, señalando que su instalación comprometería el Sistema Lagunar de Chichankanab y podría derivar en responsabilidad internacional para México.

El documento jurídico entregado el 25 de junio de 2026 busca que el Tribunal reconozca el derecho de los pueblos originarios a acceder a la justicia ambiental y examine el caso de fondo. Las organizaciones y personas expertas en derecho ambiental advierten que una resolución que cierre el caso sin analizar el fondo sentaría un precedente que dificultaría la defensa del agua, el territorio y los ecosistemas por parte de comunidades indígenas.

El Amicus destaca que, de confirmarse el cierre del caso, México incumpliría obligaciones internacionales en materia ambiental y de derechos humanos, debido a la suscripción y ratificación del Acuerdo de Escazú, en vigor desde 2021. El incumplimiento derivaría en responsabilidad internacional para el Estado mexicano.

El Amicus Curiae exige estándares internacionales y nacionales en la resolución

El texto entregado al Tribunal Colegiado aporta estándares internacionales y criterios de la Suprema Corte sobre prevención, precaución y carga de la prueba en disputas sobre riesgo ambiental. Retoma la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la distribución de la carga probatoria ante riesgos ambientales, así como la obligación de México de facilitar la producción y dinámica de la prueba en estos casos.

El documento subraya que los principios internacionales y nacionales no exigen a comunidades indígenas ni núcleos agrarios demostrar los daños ambientales para poder acceder a la justicia. Por el contrario, corresponde a las autoridades responsables, empresas o quienes promuevan proyectos demostrar que sus actividades no generan riesgos para el ambiente ni vulneran derechos de las comunidades.

El Amicus sostiene: “El incumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por México en tratados internacionales sería causal de responsabilidad internacional por la comisión de un hecho ilícito”. Esta afirmación delimita las posibles consecuencias legales para el país.

Precedente para megaproyectos agroindustriales y justicia ambiental

La presentación del Amicus Curiae ocurrió luego de que, el 12 de junio, el Tribunal pospusiera la discusión sobre la sentencia que proponía negar el amparo promovido por los ejidos de la región. Este aplazamiento permitió a las organizaciones sumar argumentos que consideran fundamentales para el análisis de fondo.

Las organizaciones sostienen que una decisión que imponga cargas probatorias excesivas a las comunidades afectadas limitaría el alcance de la justicia ambiental y dificultaría la defensa de recursos hídricos y territorios en la península de Yucatán, región con alta vulnerabilidad hídrica debido a su suelo kárstico. El caso de la granja “Akutzá” adquiere relevancia en el contexto de la expansión de megaproyectos agroindustriales en el sureste mexicano.

Las entidades firmantes solicitaron al Tribunal que revoque la negativa previa y reconozca el interés legítimo de los ejidos, garantizando su acceso a la justicia y la aplicación de los principios de prevención, precaución, in dubio pro natura y los más altos estándares de derechos humanos.

La decisión del Tribunal tendrá impacto más allá del caso Akutzá. Puede consolidar o limitar la capacidad de las comunidades para prevenir daños ambientales y proteger sus territorios antes de que ocurran afectaciones irreversibles a los ecosistemas.

El Amicus Curiae fue elaborado por la Dra. Miriam Saage-Maasz, directora legal del European Center for Constitutional and Human Rights y asesora de las organizaciones firmantes. Saage-Maasz ha participado en casos internacionales contra corporaciones y sobre crímenes o ilícitos internacionales, así como por violaciones a derechos humanos.