Organizaciones alertan que Tribunal en Yucatán podría revertir cierre de granja de huevos que causa daños ambientales a comunidades

Organizaciones indígenas, ambientales y ejidales de la Península de Yucatán han advertido que una decisión del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en Yucatán podría revertir el cierre de una granja industrial de huevos de la empresa Bachoco, pese a los señalamientos de daños al medio ambiente y a comunidades locales.

El principal motivo de alarma es un proyecto de resolución que, si se aprueba, exigiría a las comunidades indígenas tener que demostrar en términos técnicos la existencia de daños ambientales.

“El proyecto del Amparo en Revisión 47/2025 pretende imponer a las comunidades una carga probatoria que legalmente no les corresponde, para demostrar afectaciones ambientales potenciales, pese a que la jurisprudencia nacional y los estándares contenidos en el Acuerdo de Escazú establecen que, ante riesgos ambientales, corresponde a las autoridades y a quienes promueven proyectos potencialmente contaminantes demostrar que no existe riesgo de daño, y no a las comunidades probar daños consumados para poder acceder a la justicia“, se lee en el comunicado publicado por las organizaciones.

Comunidades indígenas enfrentan nuevas barreras legales

De acuerdo con el proyecto de sentencia en discusión, las autorizaciones ambientales y de construcción del proyecto avícola Akutzá de Bachoco en Peto, Yucatán, no podrían ser impugnadas por las comunidades porque supuestamente no acreditaron interés legítimo ni ofrecieron pruebas suficientes de posibles daños. Esta postura afectaría el acceso a la justicia, pues el caso quedaría cerrado sin analizar si la granja produce impactos adversos en el ecosistema local.

El Tribunal Colegiado analiza el Amparo en Revisión 47/2025, que fue promovido desde 2023 por ejidos y comunidades de Quintana Roo, acompañados por una organización de defensa de derechos económicos, sociales y culturales. Los demandantes han argumentado que, como integrantes de núcleos agrarios y pueblos indígenas, la ley les reconoce una posición especial para proteger el medio ambiente y el territorio, ya que dependen del ecosistema para sus actividades cotidianas y agrícolas, especialmente del uso del agua.

En este contexto, las organizaciones y comunidades pidieron al Poder Judicial que no permita un retroceso en materia de justicia ambiental, advirtiendo que la decisión del tribunal podría sentar un precedente negativo para la protección de los derechos colectivos y la prevención de daños ecológicos.

Expansión de la industria avícola y riesgos para el ecosistema

El caso de la granja Akutzá se inserta en un contexto de crecimiento acelerado de la industria avícola y porcícola en la región. Bachoco, uno de los principales productores de huevo del país y del mundo, opera más de mil granjas y tiene presencia en 28 municipios de Yucatán, lo que representa más del 25% del total estatal.

La granja Akutzá ocupa una superficie cercana a las 300 hectáreas en Peto, junto a la frontera con Quintana Roo, y ha sido señalada por su potencial de impacto sobre el componente hídrico y los ecosistemas cercanos, como la Laguna de Chichankanab, considerada humedal de importancia internacional.

El acuífero de la Península de Yucatán, debido a su suelo kárstico, es especialmente vulnerable a la contaminación, lo que eleva los riesgos para las comunidades y la biodiversidad local. Las organizaciones insisten en que exigir a las comunidades que prueben técnicamente los daños ambientales antes de permitirles acceder a la justicia vacía de contenido los principios preventivos de la legislación ambiental.

Llamado a garantizar justicia ambiental y derechos indígenas

Esta petición está firmada por múltiples organizaciones, entre las que se encuentran el Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, A. C, la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental “Berta Cáceres”, Universidad Iberoamericana, el Consorcio para el diálogo parlamentario y la equidad Oaxaca, A.C. (Consorcio Oaxaca), Greenpeace México, A.C, Colectivo Salvemos Mahahual, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), y el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC), en donde se encuentran Artículo 19, entre otras.

En su comunicado, las organizaciones que han impulsado la defensa del territorio y el medio ambiente han solicitado a los magistrados del Tribunal Colegiado Penal y Administrativo en Yucatán que garanticen el acceso efectivo a la justicia ambiental. También han pedido que se apliquen los principios de prevención, precaución y el estándar “in dubio pro natura”, además de cumplir con la obligación de recabar pruebas de oficio en casos que involucren a núcleos agrarios e indígenas.

El desenlace de este caso no solo afectará a las comunidades y ecosistemas locales, sino que también determinará si el Poder Judicial mexicano mantiene la protección reforzada de los derechos colectivos y ambientales reconocida recientemente. La resolución sentará un precedente sobre si las comunidades pueden acudir a la justicia para prevenir daños o si deberán esperar a que estos ocurran para que sus derechos sean reconocidos.