Senado alerta por crisis de despojos en el país: CDMX concentra más de 20 mil denuncias

El crecimiento de los casos de despojo en México encendió las alertas en el Senado de la República, donde legisladores señalaron que este delito representa uno de los principales riesgos para el patrimonio de miles de familias y refleja las deficiencias en la procuración e impartición de justicia.

Los senadores sostuvieron que el problema ha dejado de ser una serie de hechos aislados para convertirse en un fenómeno estructural que requiere una respuesta coordinada entre los tres órdenes de gobierno, así como el fortalecimiento de las fiscalías y del Poder Judicial para garantizar la restitución efectiva de los bienes a sus propietarios.

La preocupación se concentra particularmente en la Ciudad de México, donde las cifras oficiales muestran un crecimiento sostenido de las denuncias y un reducido número de detenciones.

Más de 25 mil denuncias y apenas 463 detenciones en la CDMX

Información obtenida mediante solicitudes de transparencia revela que entre enero de 2020 y abril de 2026 la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió 25,018 carpetas de investigación por el delito de despojo. Sin embargo, durante ese mismo periodo únicamente se reportó la detención de 463 personas relacionadas con estos casos.

De acuerdo con el análisis presentado por legisladores, estas cifras reflejan que la impunidad supera el 98% de los expedientes iniciados, situación que, señalaron, genera incertidumbre jurídica para quienes buscan recuperar sus inmuebles.

Los senadores advirtieron que la pérdida de viviendas, terrenos y propiedades continúa afectando a miles de ciudadanos que enfrentan largos procesos judiciales sin obtener una solución definitiva.

Contexto del problema en la Ciudad de México

Aunque el Gobierno capitalino ha impulsado diversas acciones para atender este delito, las cifras muestran que el fenómeno persiste.

Entre las principales medidas implementadas destacan:

• Creación del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos para coordinar la atención entre distintas dependencias.
• Más de 6,000 asesorías brindadas a personas afectadas, de acuerdo con autoridades capitalinas.
• Más de 200 acciones de restitución, aseguramiento de inmuebles y atención directa a víctimas.
• Reformas al Código Penal de la Ciudad de México, que aumentaron las penas para quienes cometan despojo, especialmente cuando existen agravantes.
• Autoridades locales han señalado que, en muchos casos, el delito es cometido por grupos organizados y no por personas que actúan de manera aislada.

República de Cuba 11, un caso que ejemplifica la problemática

Uno de los expedientes que ha cobrado mayor relevancia es el del inmueble ubicado en República de Cuba número 11, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

De acuerdo con la información difundida por los legisladores, una sentencia del Juzgado 54 de lo Civil reconoció a Virginia Domínguez Chalqueño como propietaria legítima del inmueble y ordenó su restitución, diligencia que fue ejecutada en agosto de 2025.

Posteriormente, un juicio de amparo promovido por antiguos ocupantes fue desechado al no acreditarse derechos legales sobre la propiedad.

No obstante, la propietaria sostiene que continúa enfrentando obstáculos para ejercer plenamente la posesión del inmueble, por lo que presentó una denuncia penal por despojo ante la Fiscalía capitalina al considerar que persisten acciones que le impiden acceder de manera efectiva a su patrimonio.

El conflicto también ha generado repercusiones para comerciantes y vecinos del Centro Histórico, quienes reportan afectaciones económicas, deterioro urbano y una mayor percepción de inseguridad derivada del litigio.

Senadores piden fortalecer la ejecución de las sentencias

Para los integrantes del Senado, el caso de República de Cuba 11 evidencia uno de los principales retos del sistema de justicia: obtener una sentencia favorable no siempre garantiza que los propietarios recuperen plenamente sus bienes.

En ese contexto, legisladores del PRI anunciaron que impulsarán un exhorto dirigido al Gobierno de la Ciudad de México para fortalecer las acciones contra el despojo y mejorar la coordinación entre las autoridades responsables de la procuración de justicia.

Los senadores coincidieron en que el incremento de las denuncias, la baja cantidad de detenciones y los prolongados procesos judiciales han generado una creciente sensación de indefensión entre las víctimas, por lo que consideraron indispensable reforzar los mecanismos institucionales que permitan ejecutar de manera efectiva las resoluciones judiciales y proteger el patrimonio de las familias mexicanas.