La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso a 10 personas detenidas durante un cateo en Santiago de Querétaro por posesión de armas de fuego, cargadores, cartuchos y portación de un inhibidor de señal, delitos que llevaron a la FGR a ejercer su facultad de atracción sobre el caso iniciado por autoridades estatales.
Los imputados son Brandon “N”, Mayte “N”, Daniel “N”, Flaviano “N”, Laurato “N”, Fernando “N”, Brandon Alan “N”, Arturo “N”, Moisés “N” y Carlos “N” y todos enfrentan cargos por su probable participación en los delitos señalados ante el juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Querétaro, el juzgador determinó que eran suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso contra los diez imputados.
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La audiencia se llevó a cabo por conducto del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que aportó los datos de prueba necesarios para que el juzgador determinara la vinculación a proceso de los diez imputados, de los cuales 9 son hombres y 1 es mujer.
Cateo en inmueble de Santiago de Querétaro
La operación que derivó en las detenciones la ejecutó la Fiscalía General del Estado de Querétaro mediante una diligencia de cateo en un inmueble ubicado en Santiago de Querétaro.
Durante el operativo, los elementos aseguraron armas de fuego largas y cortas, diversos cartuchos, un inhibidor de señal y un chaleco táctico. Al tratarse de delitos de competencia federal, la FGR ejerció su facultad de atracción y tomó el control de la carpeta de investigación. Al tratarse de delitos de competencia federal, la FGR ejerció su facultad de atracción y tomó el control de la carpeta de investigación.
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La facultad de atracción y el papel de la FEMDO
Una vez atraído el caso, el Ministerio Público adscrito a la FEMDO presentó a los detenidos ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Querétaro. El juzgador analizó los elementos aportados por la fiscalía y determinó que eran suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso contra los diez imputados.
El juez también fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la FEMDO deberá consolidar la carpeta y preparar los elementos que sostendrán la acusación formal en la siguiente etapa del proceso penal acusatorio.
Prisión preventiva y destino de los imputados
Junto con la vinculación a proceso, el juzgador impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los diez detenidos. Esta figura, prevista para delitos considerados de alto impacto, impide que los imputados enfrenten el proceso en libertad mientras avanza la investigación, esta figura, prevista para delitos considerados de alto impacto, impide que los imputados enfrenten el proceso en libertad.
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Los nueve varones —Brandon “N”, Daniel “N”, Flaviano “N”, Laurato “N”, Fernando “N”, Brandon Alan “N”, Arturo “N”, Moisés “N” y Carlos “N”— cumplirán la medida en el CEFERESO Número 17, en Michoacán.
Mientras que Mayte “N”, la única mujer entre los detenidos, fue remitida al Centro Penitenciario 2, San José El Alto, en Querétaro, donde permanecerá durante el tiempo que dure el proceso.
Qué es un inhibidor de señal, el dispositivo que el crimen organizado usa
Los inhibidores de señal son dispositivos electrónicos que bloquean comunicaciones inalámbricas en un área determinada. En México, su portación por civiles está prohibida desde 2020 y se sanciona con penas de hasta 18 años de prisión, aunque el crimen organizado los emplea de forma extendida en operaciones delictivas y se sanciona con penas de hasta 18 años de prisión.
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El dispositivo funciona al emitir frecuencias de radio que saturan las mismas bandas que usan los teléfonos celulares, el GPS, el Wi-Fi o el Bluetooth. El resultado es inmediato: los equipos en el área afectada pierden señal y no pueden realizar llamadas, enviar mensajes ni acceder a datos móviles.
Cómo los usa el crimen organizado
El crimen organizado los emplea en al menos siete modalidades: bloqueo de GPS en robos de transporte de carga, interrupción de comunicaciones durante secuestros o asaltos, neutralización de drones de vigilancia, protección de reuniones o transacciones ilícitas frente a posibles interceptaciones, sabotaje de sistemas de alarma, obstrucción de redes de comunicación locales y evasión de autoridades en zonas de conflicto.
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