
Fue detenido y vinculado a proceso Raúl Campos Espinoza, quien es identificado como ex comisario en jefe del Sexto Regimiento de Gendarmería de la ahora extinta Policía Federal. El sujeto es investigado por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas.
“De acuerdo con la investigación, en septiembre de 2017, Raúl “N” como servidor público federal, probablemente participó en la desaparición de una víctima. Luego de los trabajos de investigación efectuados, se logró cumplimentar orden de aprehensión en su contra en La Piedad, Michoacán" es parte de lo informado por la Fiscalía General de la República (FGR) el 20 de junio.
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El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), aportó los datos de prueba suficientes para que fuera determinada la vinculación a proceso, además de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y tres meses de plazo para la investigación complementaria, toda vez que fue ampliada.

El nombre del sujeto detenido aparece en documentos oficiales, al como el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 6 de julio de 2012. Si bien la página web de la FGR establece que los hechos por los que fue detenido fueron registrados en 2017, en redes sociales aparece que fue 10 años antes.
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"En 2007, como servidor público federal, probablemente participó en la desaparición de una víctima y luego de los trabajos de investigación, se cumplimentó orden de aprehensión en su contra en La Piedad", se puede leer en las redes sociales de la institución encabezada por Ernestina Godoy Ramos.
Detenido ex funcionario que estaría ligado con un fraude millonario
Por su parte, el 3 de junio pasado fue detenido Antonio Molina Díaz, quien se desempeñó como coordinador General de Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) entre 2013 y 2018.
Dicho hombre fue capturado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. La captura fue derivada de una investigación sobre una red delictiva vinculada al desvío de recursos públicos.
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Detención de Antonio 'N'. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR ejecutaron una orden de aprehensión en la Ciudad de México. La acción se relaciona con los delitos de peculado y delincuencia organizada. Durante la diligencia, se incautaron identificaciones apócrifas, teléfonos celulares y dinero en efectivo. El detenido fue puesto a disposición en el CEFERESO No. 1 Altiplano.
Los cargos que pesan sobre el ex coordinador general de Prevención y Readaptación Social incluyen peculado y delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Al momento de su captura, el hombre portaba identificaciones falsas con varios nombres, teléfonos celulares y dinero en efectivo: 2 mil 500 dólares y 36 mil 590 pesos en moneda nacional. Tras ser detenido, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como El Altiplano, en el Estado de México.
De acuerdo con el informe de las autoridades, Molina Díaz “firmó contratos para la construcción de ocho prisiones federales, entre 2013 y 2018, período en que posiblemente habría participado en el desvío de recursos públicos”.
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Los reportes de inteligencia lo ubican como parte de la estructura delictiva del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, una red que habría involucrado a familiares, colaboradores y socios de empresas.

Las investigaciones apuntan a que el desvío de recursos se habría materializado a través de contratos simulados y empresas fachada, con un monto que superaría los 5 mil millones de pesos. García Luna fue previamente enjuiciado y hallado culpable en Estados Unidos.
Para el 10 de junio el hombre mencionado fue vinculado a proceso por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y peculado.
"Las investigaciones señalan que cuando fungió como servidor público en el área de Prevención y Readaptación Social federal, posiblemente suscribió contratos con los que habría ocurrido un desvío de recursos“, destaca el reporte.
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