
A más de 17 años del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que dejó un saldo de 49 niñas y niños fallecidos y decenas de menores lesionados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los delitos relacionados con el caso son imprescriptibles, una decisión que permitirá la continuidad de los procesos penales y que ha sido calificada por el Gobierno federal como un paso histórico en el combate a la impunidad.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la resolución del máximo tribunal implica la continuación del proceso penal derivado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, particularmente en contra de dos exfuncionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
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Ambos exservidores públicos fueron llevados ante la justicia por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas en la modalidad de comisión por omisión, es decir, por presuntamente haber incumplido con obligaciones de supervisión y cuidado relacionadas con el funcionamiento de la estancia infantil.
La dependencia federal sostuvo que el fallo de la Corte fortalece la protección de los derechos de grupos de atención prioritaria, particularmente de las niñas y niños afectados, además de sus familias en calidad de víctimas indirectas.
La Corte privilegió el derecho a la verdad y la justicia
El litigio llegó al máximo tribunal luego de que una de las partes promoviera un juicio de amparo al considerar que la acción penal ya había prescrito.
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Entre los argumentos presentados se encontraba que los delitos imputados eran de carácter culposo y, por lo tanto, debían sujetarse a las reglas generales de prescripción previstas en la legislación mexicana.
Sin embargo, el Juzgado de Distrito negó la protección constitucional y posteriormente el asunto llegó a la Suprema Corte mediante un recurso de revisión.
Al analizar el caso, el Alto Tribunal determinó que, tratándose de graves violaciones a los derechos humanos, la acción penal no puede extinguirse por el simple paso del tiempo.
Los ministros consideraron que deben prevalecer principios como el derecho a la verdad, el acceso a la justicia de las víctimas, el combate a la impunidad y la necesidad de evitar la repetición de hechos similares.
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Asimismo, la Corte estableció que resulta jurídicamente irrelevante si las conductas atribuidas fueron dolosas o culposas, o si ocurrieron por acción u omisión, pues lo determinante es la magnitud de los daños causados y las consecuencias derivadas de ellos.

La resolución se refiere, entre otros casos, al de Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, quien fue vinculado a proceso en 2020 por su probable participación en los delitos de homicidio y lesiones culposas.
Según el máximo tribunal, las acusaciones derivan de presuntas omisiones en el ejercicio de sus funciones y de la falta de cumplimiento de un deber de cuidado.
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Sheinbaum afirma que la antigua Corte no habría fallado igual
Durante su conferencia de prensa matutina del pasado viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la decisión de la Suprema Corte y la calificó como una resolución histórica.
La mandataria recordó que la no prescripción de los delitos era una de las principales exigencias de las madres y padres de las víctimas de la Guardería ABC y adelantó que la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, ofrecería más detalles sobre las implicaciones jurídicas del fallo.
Al ser cuestionada sobre la resolución, Sheinbaum afirmó que la anterior integración de la Suprema Corte difícilmente habría emitido un fallo similar.

“Es gracias al cambio en el Poder Judicial, de otra manera nunca hubiera ocurrido”, sostuvo la presidenta.
La mandataria señaló que la nueva conformación del máximo tribunal refleja una visión distinta de la impartición de justicia y consideró que los ministros actuales no responden a grupos de interés ni a compromisos políticos particulares.
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Asimismo, sostuvo que las resoluciones judiciales deben orientarse a garantizar la justicia y el cumplimiento de la Constitución, sin favoritismos.
La FGR reiteró, por su parte, su compromiso institucional de continuar con las investigaciones, esclarecer plenamente los hechos y combatir la impunidad con estricto apego al debido proceso.
La decisión de la Suprema Corte representa uno de los cambios más significativos en la ruta judicial del caso Guardería ABC, una tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009 que marcó a México y que, después de casi dos décadas, mantiene abierta la posibilidad de que las víctimas y sus familias accedan a la verdad y la justicia.
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