La corrupción alcanza su mayor costo en 10 años en México: genera pérdidas récord de casi 25 mil millones de pesos para la ciudadanía

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó un análisis detallado de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, centrado en la incidencia de la corrupción y su influencia negativa en la competitividad nacional. Este estudio señala que los costos asociados a prácticas corruptas han alcanzado un máximo histórico en la última década, mientras que tanto la percepción como la frecuencia de estos actos muestran señales de repunte en el país.

Durante el año 2025, el precio de este delito por persona ascendió a 5 mil 432 pesos, lo que representa un incremento del 15% respecto a 2023. Según cifras oficiales, casi 6.9 millones de mexicanos que interactuaron con el sector público sufrieron algún tipo de conducta ilícita, principalmente bajo la forma de sobornos o “mordidas”. El impacto total para la sociedad se estima en casi 25 mil millones de pesos, reflejando el peso que este fenómeno tiene sobre los bolsillos ciudadanos.

El análisis también revela un aumento en la percepción de corrupción entre la población. Cuatro de cada cinco habitantes en el país consideran que es frecuente o muy frecuente en su entidad, cifra que subió de 83% a 84% en dos años, interrumpiendo la tendencia descendente registrada desde 2017.

Prevalencia de la corrupción en México

La prevalencia también mostró un repunte significativo. En 2025, se registraron 15 mil 642 incidentes por cada 100 mil habitantes, mientras que el 16% de quienes realizaron trámites, pagos o solicitaron servicios públicos reportó ser víctima directa de estas prácticas. Regiones como Hidalgo y Estado de México experimentaron los mayores incrementos, en contraste con Chihuahua y Colima, que consiguieron un alza en las reducciones en este indicador.

En cuanto a la percepción ciudadana, Michoacán, Baja California y la Ciudad de México ocupan los primeros lugares, con un 89% de la población percibiendo la corrupción como un fenómeno muy extendido. Por el contrario, Querétaro se posiciona como la entidad con la percepción más baja, con un 67%. Este panorama evidencia la profundidad del problema y la necesidad de una respuesta institucional más efectiva.

La encuesta del INEGI, muestra que este delito sigue siendo un obstáculo central tanto para la confianza en las instituciones como para el desarrollo económico, al aumentar los costos y los riesgos para quienes interactúan con el sector público.

Estrategias para fortalecer la competitividad y combatir la corrupción

Ante este escenario, el IMCO propone estrategias regulatorias diferenciadas para los Polos de Desarrollo Económico, orientadas a simplificar y agilizar los trámites para la apertura y operación de negocios. El objetivo es reducir la burocracia y limitar oportunidades para los actos ilícitos mediante esquemas regulatorios adaptados a cada contexto.

Otra recomendación clave es impulsar la digitalización de los procesos gubernamentales. El fomento de estas plataformas para trámites y servicios busca no solo ahorrar tiempo y reducir cargas administrativas, sino también disminuir el contacto directo entre ciudadanos y funcionarios, cortando así uno de los principales canales para la comisión de actos corruptos.

Asimismo, el organismo enfatiza que asegurar la integridad institucional y mejorar la interacción entre Estado y sociedad son condiciones indispensables para atraer inversión y detonar el crecimiento económico en México.