Día Mundial contra el Trabajo Infantil: la pobreza es uno de los principales factores en México

En México, la persistencia del trabajo infantil sigue siendo una realidad alarmante que afecta a millones de niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cerca de 3.7 millones de menores entre cinco y 18 años llevan a cabo actividades productivas o económicas que interfieren con su desarrollo y su derecho a la educación.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo infantil como toda actividad realizada por niñas, niños o adolescentes, remunerada o no, desarrollada al margen de la ley y en condiciones peligrosas o insalubres, que violan sus derechos o afectan negativamente su desarrollo físico, mental, psicológico, social, o que obstaculizan su educación.

El trabajo infantil se manifiesta en distintas formas: ligero, peligroso, forzado y doméstico en condiciones no adecuadas. La gravedad varía según la edad y el tipo de actividad, pero el impacto sobre la niñez es profundo y duradero. “Abordar este tema es muy importante. Desde hace tiempo estoy haciendo estudios sobre el trabajo infantil y me he dado cuenta de lo enorme que es este problema”, señala María del Carmen Macías Vázquez, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo a la ENTI, 2.1 millones de estos menores se encuentran en actividades no permitidas, y la inmensa mayoría, el 92.5 %, participa en labores consideradas peligrosas, como la minería o el trabajo agropecuario. A esto se suman 1.9 millones que realizan quehaceres domésticos en condiciones que no cumplen los estándares mínimos de bienestar.

El peso de la pobreza en el trabajo infantil

La pobreza es uno de los principales factores que explican la permanencia del trabajo infantil en México. “Pero hay un factor que no se nos debe escapar: la pobreza. México sigue teniendo sectores muy pobres, que en general ubicamos en el ámbito rural, pero también existen en las ciudades”, explica Macías Vázquez.

La especialista detalla que las condiciones de vida en pequeñas ciudades y poblaciones rurales marcan las mayores desigualdades, lo que se refleja en la concentración de infantes trabajadores en entidades como Guerrero, Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Michoacán, Puebla, Colima y Zacatecas.

Guerrero, por ejemplo, registra que casi una cuarta parte de su población infantil lleva a cabo actividades productivas. “Es un problema muy complicado, pero no imposible de resolver. Solo que tendríamos que decidir, no solo social, sino también políticamente, abatir este problema”, sostiene la académica.

Normativa y realidad: brecha entre la ley y la vida cotidiana

Las tareas realizadas por niñas, niños y adolescentes fuera del marco legal y en entornos peligrosos o insalubres constituyen trabajo infantil, sin importar si reciben pago. Este tipo de actividades afecta su desarrollo físico, mental, emocional y social, y en muchas ocasiones obstaculiza su acceso a la educación.

“Estamos hablando de un trabajo prohibido porque atenta contra la seguridad, salud y bienestar de los niños”, advierte María del Carmen Macías Vázquez.

Un aspecto clave es la edad mínima permitida para trabajar. La especialista enfatiza: “Creo que algo que se debe resaltar en esta definición es la edad límite, porque contratar a menores de 15 años está fuera de la ley. Según el Convenio 138 de la OIT, esa es la edad mínima para que un niño pueda ser contratado, además de cumplir con requisitos específicos como autorización de los padres y certificado médico”.

La Ley Federal del Trabajo en México, reformada en 2012, estableció criterios claros sobre edades y ocupaciones peligrosas para los menores. Entre las actividades de mayor riesgo se encuentran la agricultura, la minería y el trabajo en la calle dentro del comercio informal. Macías Vázquez puntualiza: “Estas actividades incluyen la agricultura, la minería o el trabajo en la calle dentro del comercio informal, porque ya no se sabe si el niño sale a trabajar por necesidad o porque alguien está explotando su condición de menor”.

Además, existen formas de trabajo infantil que resultan absolutamente intolerables, como la esclavitud, la trata, el trabajo forzado, la participación en conflictos armados, la explotación sexual y la implicación en delitos como el tráfico de drogas. “Ya que contamos con marcos jurídicos, es necesario adoptar otro convenio que le diga a la sociedad que existen actos inaceptables, como lo estipula el Convenio 182 de la OIT (1999), adoptado en 2000”, explica la investigadora.

La realidad muestra que, en ocasiones, padres o tutores pueden ser sancionados por permitir que sus hijos trabajen. “Hace tiempo escuché la noticia de que llevaron a la cárcel a un padre por tener a su hijo vendiendo en la calle. En estos casos surgen las preguntas más esenciales. ¿Lo hacen por necesidad? Porque la pobreza empuja a esas actividades”, comenta Macías Vázquez. Ante esto, la académica considera fundamental que la ley se armonice con la realidad de las familias vulnerables y se privilegien las medidas preventivas y de apoyo.

“Es muy distinto a la conducta alevosa de un empleador que contrata a un menor para explotarlo con bajos salarios y jornadas excesivas”, concluye la investigadora.

Diferencias entre trabajo formativo y explotación infantil

No todo trabajo realizado por menores debe clasificarse como explotación. “El trabajo que realizan los menores puede verse desde dos ópticas. Una es el trabajo formativo: el que se hace en vacaciones para aprender un oficio, ayudar en una empresa familiar o en tareas del hogar. Estos pueden considerarse normales y permitidos”, aclara la investigadora. Sin embargo, Macías Vázquez subraya que existe una diferencia sustancial entre actividades educativas o de apoyo familiar y aquellas que vulneran derechos y exponen a riesgos.

En muchos casos, el trabajo infantil responde a una “conducta alevosa” de empleadores que buscan reducir costos, pero también a un estado de necesidad extremo en familias sin opciones. “Una cosa es hablar de la ley y otra es la realidad. No podemos evadirla porque estaríamos engañándonos. En ciudades medianas o comunidades rurales remotas existen este tipo de actividades. En muchos casos hay un estado de necesidad que los obliga a ello”.

Responsabilidad social y estatal frente al trabajo infantil

La familia y el Estado tienen la tarea de garantizar el bienestar de la niñez. “Los responsables de que un niño reciba atención y esté alejado del trabajo infantil son, en primer lugar, la familia y los padres. Pero si la familia no puede, entonces el Estado debe intervenir y brindar apoyo para garantizar el bienestar mínimo necesario”, sostiene Macías Vázquez.

La especialista reconoce que el problema es complejo y que las soluciones deben involucrar a toda la sociedad, no solo a través de leyes, sino mediante políticas públicas y programas sociales que ataquen las causas estructurales. “Me parece indignante que en una sociedad no existan las mismas oportunidades para todos y que eso lleve a discriminar a los sectores más vulnerables”.

“La responsabilidad es de todos, pero no como eslogan. No podemos darle la espalda al problema. Tenemos que hacer algo. La responsabilidad es de todos, pero principalmente del Estado”, concluye María del Carmen Macías Vázquez.