
Después de más de 500 días de espera y una presión constante de madres buscadoras y colectivos de familiares, el estado de Oaxaca aprobó finalmente la creación de su Plan Estatal de Búsqueda de Personas. Este logro, obtenido gracias a los colectivos, convierte a la entidad en la primera de la región Sur-Sureste y la tercera en todo el país en contar con un instrumento formal para coordinar y fortalecer los esfuerzos de localización de personas desaparecidas.
Esta aprobación se dio durante la instalación del Órgano de Gobierno de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En el evento, encabezado por autoridades estatales y con la presencia de representantes de colectivos, familiares y organismos especializados, se destacó que el plan será la guía oficial para diseñar y ejecutar políticas públicas orientadas a la búsqueda efectiva de personas.
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El gobernador oaxaqueño Salomón Jara Cruz resaltó que la creación del plan responde a la exigencia histórica de miles de familias que han enfrentado la indiferencia y la inacción de las autoridades. Aseguró que el gobierno estatal busca “construir un Oaxaca más justo”, en el que las instituciones asuman con seriedad y sensibilidad la obligación de buscar a las personas desaparecidas, brindar atención a las víctimas y garantizar el respeto a los derechos humanos.
Participación ciudadana y legitimidad: claves del nuevo plan
Uno de los elementos centrales del Plan Estatal de Búsqueda de Oaxaca es la participación ciudadana. Según las autoridades locales, el proceso de elaboración incluyó diversas mesas de trabajo en las que participaron madres buscadoras, colectivos y el Consejo Ciudadano, además de representantes de diferentes instancias gubernamentales. Este diálogo directo permitió recoger propuestas, necesidades y experiencias de quienes llevan años realizando búsquedas en terreno por cuenta propia, muchas veces sin apoyo institucional.
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El acompañamiento y la presión de las familias fueron determinantes para que el plan finalmente se aprobara, después de más de 500 días de espera y movilización.

El Plan Estatal de Búsqueda busca mejorar la coordinación entre las distintas autoridades e instituciones, promover la creación y consolidación de mecanismos de identificación humana, establecer protocolos para búsquedas en vida y en territorio, y otorgar certeza jurídica a todas las acciones que se realicen. La expectativa es que, con esta hoja de ruta, Oaxaca pueda responder de manera más efectiva a la problemática de las desapariciones, una de las crisis más dolorosas y complejas que enfrenta la entidad.
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Un antecedente de lucha y exigencia colectiva
La aprobación del plan ocurre en un contexto nacional en el que la crisis de desapariciones y la falta de respuestas institucionales han llevado a miles de familias a organizarse y exigir la creación de programas efectivos de búsqueda. En Oaxaca, la ausencia de un plan estatal había sido motivo de reiteradas protestas y llamados de atención por parte de colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos, que advertían sobre la urgencia de contar con una estrategia clara, recursos y mecanismos de rendición de cuentas.
Durante meses, las madres buscadoras y familiares de víctimas en Oaxaca mantuvieron la presión sobre las autoridades. “Tenemos ahorita todavía la esperanza de que no sean solo nada más palabras y que ahí quede. Él prometió y dio su palabra como gobernador constitucional de nuestro estado. Y yo creo que sería una falta de hombría que no cumpliera lo que él nos dijo“, fueron las declaraciones de Marta Pablo, vocera de Colectivos y Organizaciones Unidos de Oaxaca y representante del Colectivo Oaxaqueños Buscando a los Nuestros hace una semana.
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Esa insistencia logró que el tema no quedara relegado en la agenda pública y que las instituciones estatales asumieran su responsabilidad.
La aprobación del Plan Estatal de Búsqueda no solo representa un avance institucional, sino también un reconocimiento al trabajo y la perseverancia de quienes han luchado incansablemente por la verdad y la justicia. El reto, ahora, será garantizar que este instrumento se traduzca en acciones concretas, coordinación efectiva entre autoridades y resultados tangibles para las familias que siguen buscando a sus seres queridos en Oaxaca.
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