
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el despliegue de personal en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León durante el Mundial 2026, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos fundamentales de visitantes, residentes y trabajadores relacionados con el evento deportivo.
Este esfuerzo responde tanto a las experiencias del pasado como a las advertencias de organismos internacionales sobre los riesgos que suelen acompañar a la Copa del Mundo.
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En las ediciones de 1970 y 1986, la prioridad oficial fue la proyección internacional, lo que derivó en desplazamientos forzados, uso excesivo de la fuerza pública y marginación de comunidades enteras. Ahora, la institución busca que la jornada de futbol se desarrolle en un entorno seguro, inclusivo y de respeto, brindando atención, asesoría y canales de denuncia a quienes lo requieran, sean nacionales o extranjeros.
Para lograrlo, se apuesta por la tecnología y la colaboración con autoridades, sociedad civil y organismos internacionales, promoviendo la igualdad, la justicia y la participación ciudadana a lo largo de la celebración.
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El desplazamiento y sus impactos en las comunidades por el Mundial 2026
A raíz de los preparativos, la CNDH ha recibido denuncias de habitantes cercanos a los estadios en las tres sedes nacionales. Vecinas y vecinos han reportado que la realización del evento ha traído consigo presiones que afectan su vida cotidiana, principalmente por la restricción del uso del espacio público en sus colonias.
Comerciantes informales, trabajadores del hogar y personas en situación de calle en zonas de alto flujo turístico son objeto de operativos de “ordenamiento urbano”, lo que afecta directamente en sus actividades diarias. El organismo consideró que estas acciones requieren seguimiento puntual, pues pueden derivar en desplazamiento forzado o pérdidas económicas para los sectores más vulnerables.
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Todos los sectores de la población deben poder disfrutar del Mundial 2026 en México sin que ello implique sacrificios injustificados, y exhorta a las autoridades a implementar mecanismos de protección y denuncia accesibles para quienes enfrenten repercusiones por la situación.
Encarecimiento de la vivienda en las sedes mundialistas
El aumento acelerado en el valor de la vivienda es otra de las consecuencias ya detectadas. Según las quejas recibidas, este fenómeno golpea especialmente a adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres jefas de hogar y comunidades indígenas en zonas urbanas.
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La CNDH advirtió que el encarecimiento habitacional constituye una amenaza directa a los derechos económicos y sociales de la población. Asimismo, pidió a los gobiernos locales y federales a evitar desplazamientos involuntarios y garantizar el acceso justo y equitativo de las propiedades, particularmente para quienes habitan cerca de los estadios.
Además, llamó a considerar la voz de colectivos vecinales y organizaciones de derechos humanos en la toma de decisiones, para que las medidas adoptadas no profundicen la desigualdad ni marginen a quienes ya enfrentan condiciones de desventaja.
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Prevención de la trata de personas y explotación laboral
Uno de los riesgos más serios asociados a la realización de megaeventos deportivos como la Copa del Mundo es el aumento de la trata de personas y la explotación laboral, especialmente en sectores de servicios ligados a la logística del torneo. Organismos internacionales han alertado que este peligro se incrementa cuando no existen mecanismos de prevención y denuncia efectivos.
Ante este panorama, el organismo ha puesto en marcha una campaña nacional de información que incluye spots de radio y televisión, materiales impresos y audiovisuales, y la distribución de la cartilla “Mundial con Paz y Derechos”. El objetivo es crear conciencia, fomentar una cultura de respeto y promover entornos seguros y libres de cualquier forma de peligro.
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