Descubren vivero ilegal de marihuana al interior de predio de 250 metros cuadrados en San Quintín, Baja California

Agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron la tarde del pasado viernes 24 de julio un vivero ilegal de marihuana al interior de un predio de 250 metros cuadrados en el poblado Gustavo Díaz Ordaz, al norte del municipio de San Quintín, Baja California.

El caso fue turnado al Ministerio Público Federal para dar continuidad al proceso legal y solicitar una orden de cateo en el sitio.

Según información consultada por Infobae México, el terreno consta de 10 metros de ancho por 25 de largo y estaba delimitado por una estructura cubierta con malla sombra en color blanco y negro.

Tras una inspección ocular, en la que no se localizó a ninguna persona, los agentes procedieron a resguardarlo de forma preventiva hasta que la Fiscalía General de la República procediera.

El olor detonó el hallazgo

Según reportes oficiales, los uniformados circulaban sobre una vialidad de terracería situada a corta distancia de la Carretera Transpeninsular cuando el olor característico de la marihuana los alertó. El enervante se filtraba desde el interior del terreno rústico hacia la vía pública, sin que la cubierta de malla lograra contenerlo.

Desde la puerta de acceso, los oficiales de la FESC realizaron una inspección visual sin ingresar al predio. Lo que observaron desde el exterior bastó para determinar el aseguramiento del lugar.

Plántulas de 10 centímetros, plantas en desarrollo y un contenedor de mil litros de agua

Al asomarse por la entrada, los agentes distinguieron a un costado varias bolsas de polietileno para vivero con plántulas de cannabis de aproximadamente 10 centímetros —ejemplares recién germinados, aún sin trasplantar al suelo—. Al fondo del terreno se alcanzaban a ver múltiples plantas con un desarrollo considerablemente mayor.

El predio también contaba con un contenedor con capacidad para mil litros de agua, infraestructura destinada presumiblemente al riego del cultivo. La presencia de plantas en dos etapas distintas de crecimiento apuntó a una presunta producción continua y escalonada.

Junto al área de cultivo, los agentes detectaron un espacio acondicionado para la permanencia de personas. El refugio presuntamente contaba con una mesa, utensilios de cocina, un garrafón con agua, una maleta, un colchón y un sillón para descanso. La habilitación del espacio indicaría que alguien atendía el cultivo de forma regular.

Concluida la inspección, en la que no se encontró a nadie, los agentes de la FESC y la Defensa resguardaron el predio y solicitaron una Orden Técnica de Investigación ante el Ministerio Público Federal para dar continuidad al proceso legal correspondiente.

Hasta el momento no se conoce si estaría relacionado con alguna organización criminal.

En el estado vecino de California, EEUU, el consumo y la venta de marihuana son legales. Pese a ello, en el lado mexicano de la frontera las autoridades continúan enfrentando el cultivo clandestino del enervante. En Baja California, cultivar, transportar y comercializar la planta sin autorización sigue siendo un delito federal, independientemente de lo que ocurra al norte de la línea divisoria.

La Marina destruyó más de 200 mil plantas de marihuana en Tijuana

El aseguramiento en San Quintín no fue el único golpe al cultivo ilícito de marihuana en Baja California este fin de semana. Elementos de la Secretaría de Marina localizaron y destruyeron dos sembradíos en la zona sur de Tijuana que juntos sumaban una superficie de 12 mil 550 metros cuadrados.

Según datos oficiales, en los terrenos se contabilizaron aproximadamente 291 mil plantas de cannabis, con un peso estimado de 44.5 toneladas. Los ejemplares fueron eliminados mediante incineración, bajo los protocolos establecidos para este tipo de operativos.

Antes de la destrucción, se recolectaron muestras representativas que quedaron a disposición de las autoridades ministeriales. El material servirá como evidencia para la integración de la carpeta de investigación, con el objetivo de determinar la propiedad del terreno y establecer posibles responsabilidades penales.