
Las organizaciones criminales y otros actores maliciosos ya utilizan herramientas de inteligencia artificial para cometer fraudes, suplantar identidades, captar víctimas de explotación y planificar ataques, mientras persisten vacíos legales que dificultan investigar y castigar estas conductas, advirtió el especialista en ciberseguridad Cristos Velasco San Martín.
Durante la conferencia “Tendencias del Crimen Organizado mediante el uso de inteligencia artificial (IA): implicaciones penales, técnicas y cooperación internacional”, impartida en el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), el experto expuso diversos casos en los que tecnologías emergentes han sido empleadas con fines ilícitos.
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Entre los ejemplos mencionados destacó el uso de deepfakes, contenidos audiovisuales generados mediante inteligencia artificial capaces de reproducir la apariencia y la voz de personas reales. Según explicó, estas herramientas son utilizadas para engañar a usuarios, cometer estafas o inducir la descarga de programas maliciosos.
Velasco también alertó sobre la utilización de chatbots para planificar actos violentos, la programación de drones armados y la suplantación de identidad para reclutar víctimas de explotación. Asimismo, señaló que ya existen reportes de suicidios relacionados con una gestión inadecuada de crisis emocionales a través de asistentes virtuales.
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El especialista sostuvo que estas prácticas generan impactos sociales relevantes y representan riesgos para la protección de datos personales y corporativos. Sin embargo, indicó que las legislaciones vigentes todavía presentan limitaciones para clasificar adecuadamente algunas conductas vinculadas con el uso de inteligencia artificial en actividades delictivas.
A su juicio, las deficiencias en la tipificación y aplicación de los marcos jurídicos dificultan la persecución penal de estos hechos, pese al crecimiento de amenazas digitales cada vez más complejas.
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Estrategias para prevenir riesgos digitales
Como parte de los esfuerzos para responder a este fenómeno, destacó la creación de la Ley Marco Regional sobre Inteligencia Artificial aplicada a Justicia y Seguridad, presentada en 2025 por el programa PAcCTO 2.0, integrado por especialistas de Europa, América Latina y el Caribe. El documento busca servir como referencia para que los países fortalezcan sus mecanismos de clasificación e investigación de ilícitos cibernéticos.
Velasco también hizo referencia al Conversatorio sobre Ciberseguridad impulsado por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, donde se discutieron estrategias para prevenir riesgos digitales y promover marcos regulatorios más eficaces frente a los desafíos tecnológicos.
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La conferencia formó parte de las actividades académicas realizadas en la UAEH para analizar el impacto de las nuevas tecnologías en materia de seguridad, justicia y protección de datos.
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