Juez vincula a proceso a trio que despojó a adulta mayor de su casa en Apodaca; les hallaron logos falsos de la Fiscalía

Dos de los imputados permanecerán en prisión preventiva mientras avanza la investigación

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Un juez de control vinculó a proceso a tres personas acusadas de despojar de su vivienda a una adulta mayor en el Fraccionamiento San Javier, en Apodaca, Nuevo León.
Un juez de control vinculó a proceso a tres personas acusadas de despojar de su vivienda a una adulta mayor en el Fraccionamiento San Javier, en Apodaca, Nuevo León.

Un juez de control vinculó a proceso a tres personas acusadas de despojar de su vivienda a una adulta mayor en el Fraccionamiento San Javier, en Apodaca, Nuevo León, en un caso que expuso además la existencia de una organización que operaba con material apócrifo de la Fiscalía estatal.

La víctima, cuya identidad permanece protegida, adquirió la propiedad en agosto de 2014 mediante un contrato de compraventa con una de las ahora imputadas. Doce años después, en marzo de 2026, los tres acusados irrumpieron en el domicilio y le impidieron el acceso a su propia casa.

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¿Quiénes son los detenidos y cómo cayeron?

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) capturó a Jorge “N”, de 66 años; Adriana “N”, de 42; y Dominga “N”, de 68. La operación se concretó tras una orden de cateo ejecutada en un inmueble de la colonia Del Vidrio, en Monterrey.

Ese domicilio albergaba a la autodenominada “Comisión Internacional de Derechos Humanos y Procesos Judiciales”, donde Jorge “N” y otras personas ofrecían presuntos servicios de investigación y gestión de denuncias. Dentro del lugar, los agentes hallaron insignias y logotipos exclusivos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, materiales cuyo origen y uso se investigan.

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Primer plano de la mano de un juez con un anillo dorado, sosteniendo un mazo de madera sobre un bloque de sonido en un escritorio de madera.
Un juez con toga golpea el mazo sobre el bloque de sonido en un tribunal, simbolizando la emisión de una sentencia o decisión legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema del despojo

Dominga “N” fue quien vendió la propiedad a la víctima en 2014. Más de una década después, regresó al inmueble junto a Jorge “N” y Adriana “N” para expulsar a la dueña por la fuerza.

Los tres imputados dijeron ser integrantes de la supuesta organización civil, y portaban artículos apócrifos tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial. La Fiscalía General de Justicia investiga si ese material se empleó para intimidar a víctimas o cometer fraudes.

El juez de control decretó prisión preventiva justificada para Jorge “N” y Adriana “N” por riesgo a la víctima, peligro de obstaculización a la investigación y riesgo de sustracción. Ambos permanecerán recluidos mientras avanza el proceso.

Dominga “N” enfrentará el juicio en libertad, pero con restricciones. El juez le ordenó presentarse a firmar cada quince días para acreditar su permanencia en el estado, le prohibió acercarse a la víctima y al lugar de los hechos, y le vedó cualquier forma de comunicación con ella.

Un mazo de juez de madera brillante sobre su base de madera oscura, con el mango hacia la izquierda. Al fondo, se distingue una balanza dorada y un libro.
Un mazo de juez de madera, herramienta esencial en la administración de justicia, descansa sobre su base con elementos judiciales borrosos de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cargos y los próximos pasos

Los tres imputados enfrentan cargos por el delito de despojo de inmueble. El tribunal fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía continúa las indagatorias para determinar si el grupo tuvo más víctimas. La procedencia del material institucional hallado en la colonia Del Vidrio forma parte central de esa línea de investigación.

El alcance de la organización

La “Comisión Internacional de Derechos Humanos y Procesos Judiciales” se presentaba ante el público como una entidad de servicios legales y de denuncia. La posesión de logotipos oficiales apócrifos sugiere que sus integrantes podían aparentar vínculos con autoridades del estado.

Las autoridades no descartan que otros afectados hayan recurrido a esta organización sin saber que operaba al margen de la ley. La investigación definirá en los próximos dos meses el alcance real de sus actividades.

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