Fiscalías en México operan con sobrecarga de trabajo, graves carencias y sin autonomía, acusa Causa en Común

Lsas fiscalías estatales en México operan con una sobrecarga de trabajo, carencias graves y falta de autonomía, de acuerdo con el informe “Inseguridad, injusticia, instituciones rotas: el caso de las fiscalías”, elaborado por el colectivo Causa en Común.

El documento señala que, pese a las reformas para crear la Fiscalía General de la República y fiscalías estatales “autónomas”, la mayoría sigue subordinada a los poderes ejecutivos y opera como instrumento político más que de justicia.

De acuerdo con el colectivo, en al menos seis estados —Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Campeche, Jalisco e Hidalgo— no existen fiscalías autónomas por ley y en varias más, el titular es designado únicamente por el Ejecutivo.

Acusó que los mecanismos de remoción y los periodos en el cargo presentan reglas ambiguas y gran discrecionalidad política, además de que a nivel federal, la FGR continúa bajo designaciones “a modo” y subordinación a la Presidencia.

Cargas de trabajo y condiciones laborales críticas

El informe señaló que al cierre de 2024, las fiscalías acumulaban 2 millones 139 mil 228 carpetas de investigación pendientes y un total de 4 millones 780 mil 581 abiertas en el año.

Solo 15% de las carpetas determinadas derivó en ejercicio de la acción penal, mientras que 38% se archivó temporalmente y el resto concluyó por otras vías.

Es decir, en promedio, cada ministerio público atendió 258 carpetas simultáneamente, cifra que llegó a 896 en Jalisco y 724 en la FGR.

Las condiciones laborales reflejan el abandono institucional. No existe un estándar nacional de salarios para ministerios públicos ni peritos; solo los policías de investigación tienen un mínimo oficial de 16 mil 668 pesos mensuales y 13% perciben menos de 15 mil pesos.

El acceso a prestaciones es limitado: solo 7% del personal estatal cuenta con seguro de vida y 0.3% con seguro de gastos médicos mayores. En Tlaxcala, 57% de los ministerios públicos y 89% de los peritos carecen de seguridad social.

A esto se suma que el personal y los sistemas de carrera presentan déficit y opacidad. Solo 18 fiscalías tienen reglamento de servicio profesional de carrera y solo cinco emitieron convocatorias de promoción en 2024.

Apenas 65% de los policías de investigación cuentan con Certificado Único Policial vigente, y algunos estados reportan menos de 40% de cobertura.

Servicios forenses saturados y sin política nacional de identificación

El deterioro institucional es evidente en los servicios forenses. México suma más de 130 mil personas desaparecidas y al menos 5 mil 600 fosas clandestinas entre 2006 y 2023; de 2024 a 2025 se documentaron 545 hallazgos adicionales.

En 2024, se registraron 5 millones 069 mil 925 solicitudes de intervención pericial, con cada médico forense atendiendo un promedio de 732 solicitudes.

Asimismo, solo 17 entidades reportan centros de resguardo forense, pero la capacidad de almacenamiento es insuficiente.

El Estado carece de una política nacional de identificación y resguardo forense. La FGR no ha concluido el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense ni hay evidencia pública del funcionamiento efectivo del Banco Nacional de Datos Forenses.

Entre 2006 y 2023, se documentaron más de 72,000 cadáveres sin identificar; en 2024 ingresaron 100,019 cuerpos a unidades forenses y para 19% de los cadáveres egresados no se reporta destino final.

Opacidad y falta de información

Causa en Común advierte que la opacidad es una constante. No existen registros públicos consistentes sobre el número de ministerios públicos, policías de investigación o peritos, ni sobre su formación, certificación o desempeño. En 2024, 13 fiscalías no entregaron información sobre personal sancionado y 17 omitieron datos sobre sanciones a peritos. La mayoría carece de manuales para procesos de certificación y solo una fracción del personal cumple con las certificaciones que exige la ley.

El informe concluye que, más que un sistema de procuración de justicia, existe un conjunto de instituciones incapaces de responder a los niveles de impunidad y subordinadas a los poderes políticos. La expansión de la prisión preventiva oficiosa debilita aún más los incentivos para investigar y perseguir delitos.

Proponen homologar capacitación y mejoras laborales en fiscalías

Causa en Común propone desarrollar sistemas profesionales de carrera, crear y homologar procesos de capacitación y certificación, mejorar salarios y prestaciones, incrementar capacidades de investigación y análisis criminal, así como impulsar una política nacional en materia forense, todo ello con incrementos presupuestales sustantivos.