¿Estados Unidos “vino a ordenarle” a México? PAN acusa “empate de cartones” en citatorios a Rocha Moya y Maru Campos

La diputada federal y vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Paulina Rubio Fernández (PAN), difundió un video desde su cuenta de X: la visita del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, a la presidenta Claudia Sheinbaum no fue una reunión de cortesía diplomática. Fue, en sus palabras, una orden.

“El secretario de Seguridad de Estados Unidos no vino a saludar a la presidenta de puro gusto. Vino a ordenarle que inicien la extradición de Rubén Rocha Moya”, señaló la legisladora panista.

La visita se dio en el contexto de la exigencia del gobierno estadounidense de que México arreste con fines de extradición a diez funcionarios de Sinaloa presuntamente vinculados con el crimen organizado, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Para Rubio Fernández, los frutos no tardaron: ese mismo sábado 23 de mayo, Rocha Moya y otros nueve exfuncionarios estatales fueron señalados por la justicia estadounidense ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por presuntamente haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa para proteger sus operaciones delictivas.

El citatorio que confirmó la presión de Washington

Rocha Moya confirmó que recibió un citatorio de la FGR la mañana del sábado 23 de mayo de 2026. La diputada panista advirtió que comparecer ante la FGR es solo el primer paso del proceso de extradición formal, no el resultado final: una vez que el exgobernador rinda su entrevista ministerial, la Secretaría de Relaciones Exteriores podrá avanzar en el procedimiento que Washington lleva semanas exigiendo.

Entre los señalados también se encuentran el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el senador morenista Enrique Inzunza. Dos exfuncionarios del gobierno de Rocha Moya ya se entregaron a las autoridades estadounidenses.

“Empatar cartones”: la acusación central del PAN

Lo que más irritó a la legisladora fue la simultaneidad del segundo citatorio. El mismo día que la FGR notificó a Rocha Moya, convocó también a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, a comparecer como testigo.

“Como en Morena se trata de empatar cartones, hoy quieren embarrar a nuestra gobernadora Maru Campos, citándola a comparecer en calidad de testigo. Pero de testigo de algo en donde ni siquiera estuvo”, acusó Rubio Fernández.

Campos recibió el citatorio en el Patio Central de Gobierno del Estado y confirmó que se presentará el miércoles 27 de mayo ante la FGR en Ciudad Juárez, en calidad de testigo —no de imputada— dentro de la carpeta de investigación por el operativo donde murieron dos presuntos agentes de la CIA y dos funcionarios mexicanos.

Dos casos que no son lo mismo... ¿O sí tienen sus propias complejidades?

La diputada panista insistió en que ambas situaciones son incomparables. Rocha Moya enfrenta acusaciones formales de una corte estadounidense por presuntos vínculos con Los Chapitos. Campos, en cambio, fue convocada únicamente por la cadena de mando de un operativo antinarcóticos. La FGR explicó que la gobernadora fue citada como testigo derivado de la cadena de mando de las personas servidoras públicas que realizaron el operativo en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.

“Que no nos distraigan. No es lo mismo luchar contra el narcotráfico que hacerse socio de ellos”, remató Rubio Fernández.

Sin embargo, el caso de Maru Campos tiene sus propias aristas. La gobernadora sostuvo inicialmente que no tenía conocimiento de la operación, versión que, según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ella misma le transmitió en una reunión privada. Pero días después, en una entrevista radiofónica, la mandataria aceptó la presencia de elementos extranjeros en suelo chihuahuense, señalando que “era el Departamento de Estado, era Homeland Security, era el FBI, era la DEA, nunca la CIA” —una versión que contrastó con su postura de la mañana del mismo día y que sus críticos calificaron como una contradicción en vivo.

A eso se suma el historial documentado en la página oficial del gobierno de Chihuahua: acuerdos de seguridad con Texas desde 2022, reuniones con cónsules y funcionarios federales estadounidenses, y un convenio con Greg Abbott en materia de migración y seguridad que la presidenta Sheinbaum afirmó esta semana debe revisarse en cuanto a su legalidad, al considerar que podría implicar afectaciones a la soberanía nacional.