Rocha Moya: cuando el agua cayó en manos del crimen

La reciente acusación contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, dejó de ser únicamente un escándalo político. Hoy comienza a perfilarse como la evidencia de algo mucho más profundo y peligroso, la posible captura criminal de uno de los recursos más estratégicos del país: el agua.

De acuerdo con testimonios que reveló N+, un informante de la DEA aseguró que Rocha Moya habría entregado a “Los Chapitos” la administración, operación y cobro de organismos municipales de agua potable en Culiacán, Mazatlán y Guamúchil.

Además, en un video revelado por el mismo medio, el administrador del módulo de riego número cinco en Angostura, Rodolfo López, aseguró que “Los Chapitos” tomaron control del presupuesto, la nómina y los recursos generados por módulos de riego ligados a Conagua en Sinaloa.

La revelación es brutal por sí misma. Pero resulta todavía más grave por lo que simboliza.

Durante años, México entendió al crimen organizado únicamente como una estructura dedicada al tráfico de drogas. Después vinieron el huachicol, la extorsión, el control de aduanas, puertos y cadenas productivas. Ahora, las acusaciones en Sinaloa muestran algo distinto: los grupos criminales ya no sólo buscan dinero; buscan controlar recursos esenciales para gobernar territorios completos. Y no existe recurso más estratégico que el agua.

En estados como Sinaloa, donde la economía depende profundamente de la agricultura y los distritos de riego, controlar el agua significa controlar producción, riqueza, estabilidad social y poder político. Eso convierte esta historia en mucho más que un asunto de corrupción.

Hace algunos meses escribí en este mismo medio sobre el llamado “Huachicol de agua”: la extracción ilegal, robo y comercialización clandestina del recurso hídrico. Advertía entonces que el agua comenzaba a transformarse en el nuevo petróleo del crimen organizado.

Si las acusaciones contra Rocha Moya avanzan y logran acreditarse, estaríamos frente a un hecho sin precedentes: la entrega institucional de organismos públicos de agua a estructuras vinculadas con el narcotráfico.

La gravedad no radica únicamente en la presunta infiltración criminal, sino en el nivel de captura del Estado que eso implica. Hablamos de estructuras gubernamentales completas operando, presuntamente, para administrar recursos estratégicos en beneficio de organizaciones criminales.

La investigación estadounidense incluso sostiene que parte de los acuerdos entre funcionarios sinaloenses y “Los Chapitos” incluían protección institucional y control territorial. Y ahí es donde el agua adquiere una dimensión todavía más delicada: no sólo como negocio, sino como herramienta de gobernabilidad criminal.

Porque controlar el suministro de agua potable o los sistemas de riego no sólo genera dinero. También genera dependencia social.

En muchas regiones del país, los grupos criminales ya condicionan acceso a pipas, controlan pozos clandestinos, cobran cuotas a productores agrícolas y deciden quién puede operar infraestructura hidráulica.

Mientras tanto, en México se sigue discutiendo la seguridad pública con una visión del siglo pasado. El gobierno continúa concentrado en decomisos, detenciones y enfrentamientos armados, mientras el crimen organizado expande su control hacia recursos estratégicos, cadenas alimentarias y servicios básicos.

Estados Unidos parece haber entendido antes que nuestro propio país el tamaño del problema. Las investigaciones contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses representan un mensaje claro: Washington ya no observa únicamente a los cárteles como organizaciones criminales, sino como estructuras capaces de capturar gobiernos regionales enteros.

Y quizá ahí se encuentra la verdadera dimensión de esta crisis. Porque si el narcotráfico ya logró infiltrarse en algo tan esencial como el agua, entonces el país enfrenta un escenario mucho más peligroso que la violencia cotidiana: la privatización criminal de la supervivencia misma.

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