Qué necesita Morena para llevar a juicio político a Maru Campos por el caso CIA y cuántos votos necesita para quitarle el fuero

María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, sigue al centro de la polémica, sobre todo por la insistencia de Morena para buscar realizar un juicio político en contra de la gobernadora panista, quien se negó a comparecer en el Senado de la República por el caso CIA. Cabe recordar que, con el único que se reunió la mandataria fue con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Caso CIA: ¿Qué pasó en Chihuahua?

El pasado 19 de abril de 2026, dos agentes estadounidenses -quienes se presume que pertenecían a la CIA- y dos miembros de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua fallecieron en un accidente luego de participar en un operativo destinado a destruir laboratorios clandestinos de drogas en el municipio de Morelos.

En su más reciente actualización de información sobre este caso, la Fiscalía General de la República (FGR) ha detallado que se aseguraron más de 55 mil litros de sustancias líquidas, poco más de 50 toneladas en estado sólido y cerca dedos mil litros de metanfetamina.

Sin embargo, este operativo ha sido blanco de criticas por la presunta injerencia de Estados Unidos en Chihuahua, una decisión que ha sido minimizada por los partidos de derecha y centro en México, pero Morena y el gobierno federal no quitan el dedo del renglón, respecto a la posible vulneración de la soberanía y los acuerdos firmados con el gobierno de Texas por parte de la gobernadora Maru Campos.

¿Qué necesitaría Morena para llevar a juicio político de Maru Campos?

Cabe destacar que para iniciar el procedimiento, cualquier ciudadano puede presentar una denuncia escrita ante la Cámara de Diputados. Las causales que aplicarían al caso de Maru Campos son las violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales, por haber permitido la injerencia de agentes estadounidenses a territorio mexicano, quienes llevaron a cabo acciones que solo competen a las autoridades del país.

Según lo estipulado por la normativa, en San Lázaro actuarían como órgano de acusación y el Senado de la República como órgano de sentencia. El procedimiento debe iniciarse mientras Campos Galván siga en funciones -su mandato concluye en 2027- o dentro del año siguiente a la conclusión de su cargo. Una vez abierto, las sanciones deben aplicarse en un plazo no mayor de un año.

Si la resolución fuera condenatoria, la sanción incluiría la destitución del cargo y una posible inhabilitación de entre uno y veinte años para ejercer empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Sin embargo, por tratarse de una gobernadora en funciones, la resolución federal tendría carácter únicamente declarativo. La decisión final de retirarle la inmunidad procesal no recaería en el Congreso federal, sino en la Legislatura local de Chihuahua, que tendría que actuar en ejercicio de sus propias atribuciones para que el procedimiento tuviera efecto real.

Una mayoría federal que no alcanza para llevar a juicio político a Maru Campos

La ley establece que para llevar a cabo este procedimiento se requiere tener la mayoría absoluta en cada una de las cámaras del Congreso de la Unión, lo cual se traduce en lo siguiente:

“Porcentaje de votación correspondiente a la mitad más uno de los integrantes de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión al momento de tomar una decisión o realizar una votación”.

Aunque la suma de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) alcanzan en la Cámara de Diputados 334 votos y en el Senado de la República 87 sufragios, no es suficiente para llevar a cabo el procedimiento impulsado por el partido dirigido por Ariadna Montiel.

Maru Campos se encuentra blindada en el Congreso local, ya que la coalición oficialista solo tiene 12 de los 33 escaños, por lo que PAN y PRI se llevan la mayoría de votos con 19 legisladores.

El caso continúa generando especulación sobre el futuro de la gobernadora de Chihuahua y este 12 de mayo las diferencias con Morena han subido de tono, tras la convocatoria que invita a manifestarse el próximo 16 de mayo, “por la seguridad de Chihuahua y la defensa de la soberanía nacional”.