Desaparición forzada: esto se sabe sobre los crímenes vinculados con 30 elementos de la Marina en Tamaulipas

Uno de los casos más grandes de desaparición forzada vinculados a fuerzas federales regresó al ojo público este 11 de mayo tras la alerta que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la absolución de 9 elementos de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) de la Secretaría de Marina (Marina) procesados por desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales cometidas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2018.

Con el fallo, ninguno de los 30 elementos detenidos en 2021 por su presunta responsabilidad en los crímenes permanece en prisión, en lo que representa el cuarto juicio perdido por la Fiscalía General de la República contra integrantes de la UNOPES.

La reciente absolución fue dictada por un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal en Baja California. El caso involucra la desaparición forzada de 27 personas y el asesinato de 12 más.

En noviembre de 2025, Ericka Arredondo, madre de Julio César Viramontes Arredondo -víctima-, señaló ante funcionarios de la Oficina de la Presidencia que 32 personas seguían sin ser localizadas, siete años después de los hechos.

La Marina desplegó 257 elementos en Nuevo Laredo y esto fue lo que pasó

A partir del 11 de diciembre de 2017, el Alto Mando de la Armada ordenó el despliegue de 257 elementos navales en tres bases de operaciones en Nuevo Laredo bajo la Orden de Operaciones 1, vigente en Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y áreas aledañas.

El objetivo declarado era “localizar, fijar y capturar a miembros de la delincuencia organizada” y coadyuvar con las autoridades de los tres niveles de gobierno. Para sus operativos, la Marina utilizó vehículos no oficiales prestados por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, entre ellos patrullas de la corporación “Fuerza Tamaulipas”.

Entre febrero y mayo de 2018, integrantes de la UNOPES llevaron a cabo detenciones arbitrarias en distintas colonias del municipio fronterizo.

Las víctimas fueron detenidas sin orden de aprehensión, sin flagrancia y sin caso urgente. Varios casos comenzaron con cateos ilegales a domicilios particulares, talleres mecánicos y negocios, sin orden judicial.

Los elementos navales portaban uniformes camuflados con la leyenda “Marina”, armas largas y chalecos antibalas, llevaban el rostro cubierto y se desplazaban en camionetas tipo pick up color gris y blanco.

Cinco de las 27 víctimas eran menores de edad, con entre 14 y 17 años al momento de su detención.

Tras los hechos, la CNDH integró 17 expedientes de queja a partir de las denuncias de familiares que buscaron a sus parientes en instalaciones navales, hospitales y funerarias sin obtener respuesta.

Durante la investigación, el organismo detectó contradicciones entre los partes de novedades que la Marina entregó en abril de 2018 y los que entregó en julio de 2019, más de un año después de haber sido requeridos, lo que la CNDH calificó como probable alteración y ocultamiento de información.

La Marina negó en todo momento haber participado en las detenciones.

Posteriormente se supo que la investigación acreditó que el personal naval violó los derechos a la libertad personal, a la integridad, a la personalidad jurídica y a la vida de las víctimas.

Trece de los desaparecidos fueron encontrados sin vida, semienterrados en brechas de terracería en Nuevo Laredo y en el municipio de Anáhuac, Nuevo León, con signos de tortura, tobillos amarrados y heridas de bala en la nuca.

El 13 de julio de 2020, la CNDH emitió la Recomendación 36VG/2020 y calificó los hechos como violaciones graves a los derechos humanos, tanto por el número de víctimas como por tratarse de derechos inderogables como la vida y la integridad personal.

La FGR ha perdido cuatro juicios contra los presuntos responsables

En abril de 2021, la Marina puso a disposición de la FGR a 30 elementos vinculados con los hechos.

La Fiscalía abrió 17 carpetas de investigación ante la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada.

Ninguna de las familias recibió reparación integral del daño.

Los familiares señalaron durante protestas de noviembre de 2025 frente a Palacio Nacional que la FGR perdía los juicios por deficiencias dolosas en las carpetas. Presuntamente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) asignó a las familias abogados sin experiencia en el caso que, según los quejosos, se limitaban a firmar escritos sin asesorarlos.

El 6 de noviembre de 2025, los familiares regresaron a Nuevo Laredo tras ser atendidos por funcionarios de la Oficina de la Presidencia y de la Secretaría de Gobernación, quienes se comprometieron a gestionar una reunión con la CNDH, la FGR, la CEAV y la Comisión Nacional de Búsqueda.

Hasta el momento se sabe que se han perdido 4 casos vinculados con las desapariciones y que ninguno de los 30 presuntos responsables de desaparición forzada y asesinatos extrajudiciales están en prisión.

La CNDH exhortó al Tribunal de Disciplina Judicial a investigar al juez que absolvió a los marinos

Ante el fallo absolutorio de este 11 de mayo de 2026, la CNDH emitió el comunicado DGDDH/052/2026 en el que manifestó su respaldo a las víctimas y precisó que las denuncias penales ante la FGR contra los elementos de la Marina formaban parte de las medidas de satisfacción ordenadas en la reparación integral del daño de 2020.

El organismo exhortó al Tribunal de Disciplina Judicial a investigar la actuación del juez federal y, en su caso, aplicar las medidas pertinentes.

La CNDH también informó que tenía prevista una reunión presencial con las familias en este mes de mayo, en la que debería participar personal con capacidad de decisión de la CEAV para explicar la demora en la emisión de las resoluciones de reparación integral del daño.

Marina se disculpó en 2021 por el caso

El 21 de julio de 2020, la Secretaría de Marina aceptó la Recomendación 36VG/2020 de la CNDH. En ese marco, ofreció una disculpa pública a las víctimas y sus familias.

“Sabemos que ninguna palabra que hoy aquí se diga podrá redimir el perjuicio del que han sido objeto las víctimas, pero estamos claros que ésta es la ruta hacia una verdad que las dignifique”, señaló la institución en el acto.

Además, se comprometió a continuar colaborando con las autoridades e implementar medidas hacia el pleno acceso a la justicia.

Sin embargo, cuatro años después de ese acto, ninguno de los 30 marinos detenidos permanece en prisión. La FGR perdió cuatro juicios contra integrantes de la UNOPES y las familias de las víctimas denunciaron que ninguna recibió reparación integral del daño.