
Una investigación periodística sacude a América Latina. Audios filtrados de conversaciones privadas en WhatsApp, Signal y Telegram revelan la existencia de una operación continental de desinformación con un objetivo claro: desestabilizar políticamente a los gobiernos de México y Colombia mediante la fabricación y difusión masiva de noticias falsas.
El material, publicado en exclusiva por Diario Red América Latina —dirigido por el español Pablo Iglesias y con sede en México— y el portal Hondurasgate, expone conversaciones en las que participan el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, el actual presidente de Honduras Nasry Asfura y la vicepresidenta hondureña María Antonieta Mejía.
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El dato que más impacto ha generado: Hernández fue condenado a 24 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos y posteriormente indultado por Donald Trump en 2024, a pesar de ser señalado como uno de los principales operadores del narcotráfico en la región. Hoy, según los audios, actúa como operador político de la administración MAGA en América Latina.

“Se vienen expedientes contra México”: el plan paso a paso
En una grabación fechada el 30 de enero de 2026, Hernández detalla el operativo a Asfura con una precisión que no deja lugar a interpretaciones:
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“Vamos a montar una célula desde aquí, desde Estados Unidos, para que no nos rastreen en Honduras. Va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia.”
La mecánica del plan es la siguiente:
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- Rentar un apartamento en Estados Unidos para instalar la oficina operativa y operar fuera del radar de las autoridades hondureñas.
- Crear un portal de noticias de apariencia latinoamericana que funcione como plataforma de desinformación regional.
- Reclutar a republicanos cercanos al entorno de Trump para gestionar la unidad de “periodismo digital”.
- Fabricar y difundir “expedientes” —documentos falsos o manipulados— contra líderes progresistas de la región.
- Financiar la operación con una mezcla de fondos públicos hondureños —incluyendo recursos del Instituto Nacional de Deporte (INSEP)— y aportaciones de gobiernos extranjeros.
En esa misma conversación, Asfura responde sin rodeos: “También creo que necesitas un poco más de dinerito. Vamos a mandar otros 150 mil. Vamos a sacarlo de INSEP.”
El financiamiento: 350 mil dólares y un “gran amigo” en México
Uno de los fragmentos más explosivos aparece en una llamada entre Hernández y la vicepresidenta María Antonieta Mejía, también del 30 de enero. Ahí, el exmandatario confirma que el gobierno argentino habría comprometido 350 mil dólares para la operación:
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“Le contaba al Presidente Asfura que pudimos hablar con Javier Milei, y él está apoyando con 350 mil dólares también. También otro gran amigo de nosotros de México está apoyando, ya para el tema de los mexicanos. Estamos bastante listos.”
La mención de un contacto mexicano que ya financia acciones específicas contra el propio país es uno de los elementos más inquietantes de la investigación y abre una línea de indagación sobre posibles actores internos involucrados en la operación.
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Mejía, por su parte, responde con pragmatismo: “Presidente, si gusta, omitamos los detalles. Sólo quería confirmar la cantidad.”
Iglesias evangélicas, lawfare y control militar: la estrategia completa
La desinformación es solo uno de los frentes. Los audios revelan una arquitectura de desestabilización que opera en varios niveles simultáneos:
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- Manipulación religiosa: Hernández instruye alinear a las iglesias evangélicas para que “la gente se olvide del pasado” y culpe a la izquierda de los problemas del país. En Honduras, estas congregaciones ya movilizaron marchas masivas contra el gobierno de Xiomara Castro en 2025.
- Violencia como herramienta política: En una grabación del 18 de marzo de 2026, Hernández le dice al presidente del Congreso hondureño: “Si vos querés tener a la gente controlada, necesitás oprimirla. Contrarrestar la violencia generando violencia. Es lo que el Presidente Trump diga.” Cita incluso a Pablo Escobar como referencia.
- Control territorial: Acuerdos paralelos contemplan la expansión de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES) en Honduras, la construcción de una nueva base militar y la entrega de infraestructura estratégica —como el canal interoceánico— a empresas estadounidenses como General Electric.
- Lawfare regional: La fabricación de expedientes judiciales contra figuras políticas de izquierda como mecanismo de persecución legal coordinada.
México en alerta, respuestas oficiales pendientes
La difusión de los audios llega en un momento de alta tensión entre México y Estados Unidos. Hasta el cierre de esta nota, ni el gobierno de Sheinbaum ni los actores mencionados han emitido una respuesta oficial sobre las revelaciones.
La investigación, que ya se describe como una de las filtraciones más significativas en América Latina en años recientes, continúa abierta. Los portales que la publican anticipan nuevas entregas de material que, según señalan, comprometerían a más actores políticos en varios países de la región.
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