Artesana tsotsil, Rosalinda Santiz Díaz, pide al Senado de la República legislar para proteger vestimenta artesanal

Rosalinda Santiz Díaz, artesana tsotsil egresada de la Licenciatura en Planeación del Desarrollo Rural, tejedora desde los nueve años, y procedente del municipio de San Andrés Larráinzar, Chiapas, solicitó al Senado de la República reconocer y proteger la vestimenta artesanal como propiedad intelectual colectiva, al considerar que las comunidades originarias enfrentan apropiación indebida y explotación comercial de sus creaciones tradicionales.

Durante un evento público, su participación destacó que la vestimenta ritual y de uso cotidiano de pueblos y comunidades indígenas transmite saberes ancestrales ligados a la identidad, cosmovisión y territorio.

De la misma manera, argumentó que la venta sin autorización y el lucro a partir de estos diseños representa una vulneración de los derechos culturales colectivos.

Anteriormente, organizaciones han pedido establecer medidas legales que prohíban la reproducción, imitación o registro de los diseños textiles por personas físicas o morales ajenas a las comunidades de origen, así como sanciones para quienes incurran en la apropiación o explotación económica de estas manifestaciones culturales.

Iniciativa para proteger vestimenta artesanal podría ser ley

Al evento en el Senado acudieron representantes nacionales y de comunidades indígenas de entidades como Chiapas y Oaxaca, quienes subrayaron que la ausencia de reconocimiento jurídico deja en situación de vulnerabilidad a cientos de artesanas y artesanos ante empresas nacionales y extranjeras.

El pronunciamiento también solicita que la legislación mexicana reconozca los trajes tradicionales no como creaciones individuales sino como expresión colectiva de los pueblos, y que toda reforma se base en el consentimiento y participación activa de las comunidades afectadas.

Diversas legisladoras y senadoras respaldaron ante los medios las peticiones, y reiteraron la necesidad de que instrumentos internacionales, como la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, se traduzcan en leyes federales que garanticen la titularidad colectiva y protejan de la apropiación y lucro indebidos.

Gobierno de México garantiza la propiedad intelectual de los pueblos indígenas

En 2023, el gobierno firmó un convenio con el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual para garantizar la propiedad intelectual de los pueblos indígenas. La medida tiene como objetivo proteger los conocimientos, expresiones culturales y patrimonio colectivo de estas comunidades ante los riesgos de plagio y explotación comercial.

La firma del convenio ocurrió en el contexto del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, el 26 de abril. El acuerdo fortalece la protección de las creaciones intelectuales y artísticas de los pueblos indígenas y afromexicanos, quienes reclaman el reconocimiento de su patrimonio cultural como propio.

Dicho convenio acerca servicios de protección intelectual y fomenta el registro de productos originarios de las comunidades del sur-sureste del país. El enfoque legal incluye establecer bases para el reconocimiento de derechos colectivos mediante el uso de denominaciones de origen.