La American Society of Mexico (AmSoc) lanzó un llamado al gobierno federal para que responda “con celeridad, transparencia y plena disposición institucional” a la solicitud presentada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York para la aprehensión del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y exfuncionarios vinculados a investigaciones en curso por presuntos nexos con el crimen organizado.
La organización, presidida por Larry Rubin y cuyo presidente honorario es el embajador de Estados Unidos en México, fue categórica: la cooperación judicial bilateral “no es optativa”, sino un imperativo legal derivado de los tratados y compromisos que ambas naciones han asumido en materia de seguridad.
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El caso Rocha, en el centro de un entramado judicial de largo alcance
En su comunicado, la AmSoc situó las acusaciones contra Rocha Moya dentro de un contexto más amplio: el entramado judicial derivado de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, que ha expuesto las ramificaciones transnacionales de grupos criminales con presencia en Sinaloa.
“La gravedad del contexto exige respuestas institucionales a la altura del desafío”, advirtió la organización, que subrayó que los procesos judiciales estadounidenses se rigen por “estándares rigurosos de investigación y debido proceso”.
El pronunciamiento llega en medio de una encendida polémica política: mientras el PAN anunció que buscará un juicio político contra el gobernador sinaloense, Morena salió a defenderlo argumentando que no existen pruebas y denunciando una violación a la confidencialidad de la información.
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La relación bilateral, en juego
La AmSoc también advirtió sobre las implicaciones de fondo: la credibilidad de México como socio estratégico —económico, comercial y de seguridad— está en juego según la forma en que el gobierno enfrente este momento.
El argumento no es menor. La organización recordó que México es hoy el principal socio comercial de Estados Unidos, una relación que, a su juicio, “no puede sostenerse de manera duradera sin una cooperación genuina en materia de Estado de derecho”.
Firmeza institucional sin sacrificar el debido proceso
Pese al tono exigente del comunicado, la AmSoc también respaldó explícitamente los principios del debido proceso y la presunción de inocencia para todas las partes involucradas, dejando claro que “la firmeza institucional no está reñida con el respeto a las garantías procesales”.
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La organización cerró con un mensaje de apertura: confía en que este momento “complejo” sea una oportunidad para profundizar los canales de entendimiento y fortalecer una relación bilateral que, históricamente, ha demostrado capacidad para superar sus tensiones con visión de largo plazo.
Lo que queda claro es que, para la comunidad empresarial y civil estadounidense en México, el reloj ya está corriendo.
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