
El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier, rindió declaración ante medios de comunicación tras las acusaciones presentadas este 29 de abril por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quien acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a 9 funcionarios más por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Podría tratarse de “dimes y diretes”
Ante una solicitud de extradición recibida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ignacio Mier comentó:
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“En una primera aproximación, en una revisión jurídica conforme a la legislación mexicana y a los acuerdos bilaterales, no traen sustento. En todo caso, atendiendo lo que ayer nosotros defendíamos, el marco jurídico y el marco constitucional, se va a enviar lo que en principio parece ser no tiene ningún sustento probatorio”.
Ante los cuestionamientos, el senador de Morena no confirmó que la solicitud publicada por la SRE estuviera dirigida hacia el gobernador de Sinaloa o alguno de los funcionarios mencionados, advirtiendo que:
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“Si no se presta solamente para lo que se conoce como lawfare o solamente un asunto de dimes y diretes... Tiene que ir acompañado de todo un proceso que establecen los convenios que tiene suscritos nuestro país de bilateralidad con Estados Unidos y con otros países”.

Fiscalía General de la República determinará extradición
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el 28 de abril a las 18:00 horas recibió solicitudes de extradición de varias personas por parte del Gobierno de Estados Unidos. Con base en la Ley de Extradición Internacional, la Secretaría turnó la documentación a la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad competente para evaluar las solicitudes conforme a la legislación mexicana.
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Según la revisión jurídica de la institución los documentos entregados por la Embajada de Estados Unidos, en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no incluyen pruebas suficientes para acreditar responsabilidad penal de las personas cuya detención provisional solicita el Gobierno estadounidense.
Aun así, corresponde a la FGR analizar si existen elementos probatorios, de acuerdo con el sistema jurídico mexicano, y determinar la viabilidad de las detenciones provisionales con fines de extradición.
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La cancillería señala que los tratados vigentes contemplan la confidencialidad de la información en este tipo de procedimientos. Por ello, enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos por la forma en que se difundió el trámite.
Departamento de Estados Unidos acusa vínculos con el Cártel de Sinaloa
La tarde de este miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con 3 funcionarios activos y 6 que ya se encuentran fuera de funciones, de colaborar con el Cártel de Sinaloa.
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Las autoridades estadounidenses señalaron que los funcionarios protegieron a líderes del cártel, facilitaron el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, proporcionaron información confidencial y permitieron actos de violencia, a cambio de sobornos.
Estas son las nueve personas acusadas por Estados Unidos:
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- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa
- Enrique Inzunza Cazárez, actual senador y exsecretario general de Sinaloa
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa
- Dámaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la FGE Sinaloa
- Alberto Jorge Contreras Núñez “Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación de la FGE Sinaloa
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa
- José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
- Juan Valenzuela Milán, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán
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