Dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) murieron el pasado 19 de abril en un accidente carretero en Chihuahua durante un operativo antinarcóticos. Ninguno tenía acreditación formal para operar en territorio mexicano. Uno ingresó al país como turista, sin permiso para realizar actividades remuneradas. El otro portaba pasaporte diplomático.
Así lo confirmó el gabinete de seguridad del gobierno federal en una tarjeta informativa difundida este domingo, horas después de que la gobernadora María Eugenia Campos evadiera pronunciarse públicamente sobre el caso.
Ni la SRE ni el gabinete sabían
El documento es explícito: “Las instituciones que integran el gabinete de seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores no tenían conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando, o fueran a participar físicamente en alguna acción operativa dentro del territorio nacional".
La declaración coloca a la administración de Campos en el centro de la controversia. La gobernadora —impulsora de la Plataforma Centinela, cuyo piso 18 albergará de forma permanente a elementos del FBI, DEA y CBP— no informó al gobierno federal sobre la presencia de agentes estadounidenses en su territorio.
Lo que dice la ley
El gabinete fue puntual en su posición jurídica: “La legislación mexicana es clara: no permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional. La cooperación internacional en materia de seguridad se desarrolla mediante mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y colaboración técnica, siempre con respeto absoluto a la soberanía nacional”.
Actualmente se realizan revisiones en coordinación con autoridades locales y con la embajada de Estados Unidos en México.
Cuatro muertos, dos países y muchas preguntas sin responder
El accidente del 19 de abril dejó cuatro personas fallecidas: dos elementos estatales y dos agentes estadounidenses. El gabinete extendió condolencias a sus familias y reiteró la disposición del gobierno mexicano de mantener “una relación estrecha, seria y respetuosa con el gobierno de Estados Unidos”.
Lo que no respondió nadie hasta ahora es quién autorizó el operativo, cómo llegaron esos agentes a Chihuahua y por qué la gobernadora del estado no notificó a las autoridades federales.
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