Fallo de la Suprema Corte histórico: el ISSSTE no pagará los 5.8 mil millones de pesos que le debe a la CDMX

La Suprema Corte de Justicia de la Nación detiene este jueves el cobro de 5 mil 810 millones de pesos en impuestos que la Ciudad de México reclama al Issste, al ordenar al tribunal colegiado recalcular la deuda con criterios que pueden reducirla de forma significativa. El fallo, aprobado por seis votos contra uno, responde a un juicio que pone en juego la viabilidad financiera del instituto, ya que el monto supera el presupuesto 2026 del Senado y representa cerca del 20% de la recaudación anual del predial en la capital, según informa La Jornada.

El caso se origina en créditos fiscales que la Ciudad de México determinó en 2017 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por concepto de impuesto predial, nómina y agua acumulados entre 2009 y 2013. Los montos reclamados fueron 998.2 millones de pesos para 2009, 1,064.3 millones en 2010, 1,123.5 millones en 2011, 1,520.8 millones en 2012 y 1,103.9 millones en 2013, cifras que suman los 5 mil 810 millones que el gobierno capitalino exige recuperar.

El antecedente inmediato incluye varias instancias. El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México anuló inicialmente los créditos fiscales. Sin embargo, su pleno validó después la reclamación. Un tribunal colegiado negó posteriormente el amparo al Issste, que interpuso un recurso de revisión ante la Suprema Corte.

El proyecto de Lenia Batres Guadarrama reduce la carga al Issste y alerta sobre el riesgo de quiebra

La ministra Lenia Batres Guadarrama argumenta que los inmuebles del Issste están bajo el régimen de dominio público y, en consecuencia, quedan exentos del pago de estas contribuciones locales de acuerdo con el artículo 122 constitucional. Su proyecto precisa que corresponde a la autoridad fiscal probar cuáles propiedades no tienen tal protección y no cargarle esa defensa al propio instituto.

Batres Guadarrama señala ante el Pleno que el cobro de la deuda reclamada pondría al Issste “al borde de la quiebra”. Explica que el monto es superior al presupuesto del Senado para 2026 (5,103.8 millones de pesos) y similar al de la propia Suprema Corte (5,208.7 millones).

En su exposición, Batres advierte: “Esto repercutiría gravemente en los servicios de salud, en los que los servicios preventivos, las pensiones y las prestaciones del Issste vivirían prácticamente una quiebra en sus posibilidades de otorgamiento, en virtud de que se trata de una causa de constitucionalidad acreditada, pues estoy presentando el proyecto que pongo a su consideración”.

Tensión en la sesión y postura de la ministra María Estela Ríos González

Antes de la votación, el presidente de la Suprema Corte Hugo Aguilar Ortiz solicita a Batres Guadarrama retirar su proyecto para dejarlo en lista y considerar los comentarios de las partes y otros ministros. Señala que existe una comunicación de la jefa de Gobierno Clara Brugada solicitando tiempo para alcanzar un acuerdo de pago entre el gobierno capitalino y el Issste.

Batres Guadarrama rechaza la petición. Afirma: “Creo que es un tema que tiene varios meses aquí en la Corte y hay discusiones para discutirlo, y entonces yo insistiría en que se quede en la discusión del día de esta sesión”. El debate y la negociación interna entre los ministros prolongan el receso por más de una hora, mucho más allá de los 20 minutos habituales, según fuentes del alto tribunal consultadas por La Jornada.

La ministra María Estela Ríos González es la única que vota en contra del amparo. Ríos González argumenta que el recurso del Issste llegó fuera de los plazos permitidos. Señala ante el Pleno: “Me parece que esa es una razón para mí como abogada suficiente para rechazar esa propuesta, con independencia de que pudiera estar coincidiendo con las razones económicas y jurídicas para dictar una sentencia favorable al Issste. Pero en este caso me parece que no es así, que deben respetarse los plazos procesales y que nosotros no podemos, bajo argumentos jurídicos (risas) que a mi juicio no son sostenibles, darle entrada a un asunto que no fue interpuesto en tiempo y forma. Entonces mi voto será en contra”.

La orden de la Suprema Corte determina que el tribunal colegiado debe recalcular la deuda del Issste con base en el nuevo enfoque constitucional sobre los inmuebles de dominio público. Esto abre la puerta a una reducción sustancial en el monto reclamado y mantiene en suspenso el destino de los recursos con los que la capital busca apuntalar su recaudación tributaria.