Escándalo en Nextlalpan: cesan a comisario y a cinco elementos por extorsión en Edomex

El gobierno municipal de Nextlalpan, Estado de México, informó la destitución del comisario de Seguridad Pública y Vialidad, Alan Pérez González, así como la separación de cinco elementos de la corporación, luego de verse involucrados en un presunto caso de extorsión contra un empresario del sector textil.

La decisión se tomó después de que los hechos, ocurridos el pasado 9 de abril, fueran difundidos en redes sociales, donde se exhibió la conducta de los uniformados y ciudadanos exigían justicia y sanciones por estos hechos.

A través de un comunicado oficial, la administración local señaló que los funcionarios incumplieron con las normas que rigen el actuar policial y el régimen disciplinario, lo que derivó en su salida inmediata de la corporación.

“En donde estuvieron involucrados elementos de seguridad pública, se determinó la baja inmediata de quien fungía como Comisario de Seguridad Pública y Vialidad de Nextlalpan, así como la separación de cinco elementos más”, indicó el gobierno municipal en el documento.

No informó si hizo la denuncia penal

Aunque la autoridad local no precisó mayores detalles sobre el caso ni las circunstancias exactas en las que ocurrió la presunta extorsión, dejó en claro que no tolerará actos de corrupción dentro de su administración, aun cuando no exista una denuncia formal por parte de la víctima.

En ese sentido, el gobierno encabezado por la alcaldesa Lorena Alameda Juárez subrayó que su postura es de “cero tolerancia” frente a cualquier conducta indebida de servidores públicos, especialmente de quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Sin embargo, el comunicado no aclaró si se interpondrán denuncias formales ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ni si dicha institución ya inició una carpeta de investigación por estos hechos, lo que ha generado cuestionamientos sobre el seguimiento legal del caso.

La investigación debería ser de oficio

De acuerdo con la legislación vigente en el Estado de México, el delito de extorsión se persigue de oficio, lo que significa que las autoridades pueden iniciar investigaciones sin necesidad de que exista una querella por parte de la víctima. Este delito es considerado grave y puede ser sancionado con penas que van de los 12 a los 24 años de prisión.

Además, las sanciones pueden incrementarse considerablemente cuando existen agravantes, como la participación de servidores públicos en el ilícito. En estos casos, las penas podrían superar los 40 años de prisión, dependiendo de la gravedad de los hechos y las circunstancias en las que se hayan cometido.

En años recientes, la legislación mexiquense ha endurecido las penas para combatir diversas modalidades de extorsión, incluyendo prácticas como el llamado “montachoques” o las extorsiones dirigidas a comerciantes. Estas conductas también contemplan sanciones económicas que van de 300 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a multas de entre 35 mil y 58 mil pesos.

El caso de Nextlalpan se suma a una serie de señalamientos que han puesto bajo escrutinio a corporaciones policiales en distintas regiones del Edomex, evidenciando la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno, supervisión y rendición de cuentas dentro de las instituciones de seguridad pública.

Especialistas en seguridad han advertido que la confianza ciudadana en las policías depende en gran medida de la capacidad de las autoridades para sancionar de manera efectiva los abusos y garantizar que quienes cometan actos de corrupción enfrenten consecuencias legales.

Por ahora, la administración municipal no ha dado a conocer si los elementos destituidos enfrentarán procesos penales o si serán sujetos a investigaciones administrativas adicionales, por lo que se espera que en los próximos días brinden mayor información sobre el desarrollo de este caso.