La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional penalizar el aborto en México en septiembre de 2023, dejando sin efecto los artículos federales que lo sancionaban y reconociendo el derecho de mujeres y personas gestantes a decidir sobre la interrupción del embarazo.
Esta resolución se deriva de un amparo promovido por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y obliga a autoridades federales y estatales a cesar la criminalización, lo que impacta directamente sobre la legislación de todo el país.
La Suprema Corte afirma que la decisión protege el derecho a la salud y la autonomía reproductiva, aunque advierte que la implementación práctica depende de las legislaciones estatales.
Aunque se ha avanzado en materia legal, el acceso a servicios de aborto seguro y gratuito aún enfrenta obstáculos normativos, operativos y políticos en distintas entidades.
En septiembre de 2023, la SCJN resolvió que penalizar el aborto viola derechos humanos, y la sentencia que respondió al amparo del GIRE obliga a detener la criminalización, exigiendo que las autoridades garanticen el acceso a la interrupción legal del embarazo en la legislación federal.
El fallo tiene efectos inmediatos, pero la aplicación efectiva depende de los congresos y marcos normativos estatales.
La aplicación varía según la entidad
La Primera Sala de la Corte estableció que sancionar el aborto vulnera derechos humanos de quienes pueden gestar. A partir de la sentencia y otras resoluciones entre 2023 y 2025, la despenalización avanza de forma gradual.
Hasta diciembre de 2025, 25 entidades mexicanas han aprobado reformas o sentencias que impiden la criminalización.
Los siete estados donde el aborto sigue penalizado por sus códigos pernales locales son:
- Durango
- Guanajuato
- Morelos
- Nuevo León
- Querétaro
- Sonora
- Tamaulipas
En Coahuila, Morelos y Durango, la Corte instruyó a acatar sentencias federales sobre la sanción del aborto. No obstante, los congresos locales aún no han modificado los códigos penales.
La organización feminista Red de Acompañantes de Aborto León mantiene litigios para que las legislaciones estatales garanticen el acceso al servicio sin trabas legales.
En Morelos, el amparo colectivo 570/2024 declaró inconstitucionales los artículos que castigaban el aborto voluntario. El dictamen de reforma ya fue aprobado en comisión, pero permanece estancado en el Congreso local, según informó la diputada Melissa Montes de Oca Montoya a SemMéxico.
En Durango, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito —un tribunal federal— ordenó al Congreso reformar el Código Penal en julio de 2025. Las sentencias del tribunal advierten que los diputados pueden ser sancionados hasta 10 años sin ejercer cargos públicos si incumplen el mandato.
Legalización y acceso al aborto: panorama estatal
La interrupción legal del embarazo en México es desigual. Desde que la Ciudad de México despenalizó el aborto en 2007, otros estados como Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Sinaloa, Colima, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Puebla, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Chiapas, Campeche, Yucatán y Tabasco han legislado para permitir la interrupción voluntaria del embarazo, en su mayoría hasta 12 semanas de gestación, salvo Sinaloa, donde el plazo es de 13 semanas.
En Aguascalientes, la Suprema Corte avaló la despenalización en 2023, pero el Congreso local redujo el plazo de 12 a seis semanas en agosto de 2024.
En la península de Yucatán, el proceso fue gradual: Campeche en febrero, Yucatán en abril y Tabasco en mayo de 2025 incorporaron reformas.
En Nuevo León, la sanción puede alcanzar hasta un año de prisión, eximiendo en los supuestos citados.
En Sonora, la constitución estatal protege la vida desde la concepción, pero autoriza el aborto bajo tres causales: violación, riesgo de muerte para la mujer o el feto, y por causas imprudenciales (accidentales).
Tamaulipas analiza una reforma para ampliar derechos reproductivos, aunque aún no hay fecha de debate parlamentario.
En los siete estados rezagados, la criminalización continúa aunque existan sentencias federales. En Guanajuato, el Congreso local rechazó una iniciativa sobre el tema en junio de 2025, con una votación empatada. El Código Penal estatal castiga el aborto con prisión de seis meses a seis años, salvo en casos de violación o riesgo de salud. La organización feminista Red de Acompañantes de Aborto León denuncia: “Por tercera vez el Congreso decidió darle la espalda a las mujeres, adolescentes y niñas”.
Persisten barreras prácticas para la Interrupción Legal del Embarazo
El acceso práctico a la interrupción legal del embarazo enfrenta dificultades en la atención médica pública. Entre las organizaciones que documentan estos casos está Telefem, especializada en acompañamiento y asesoría, que reporta negativas y demoras en hospitales públicos de Tabasco, Tlaxcala y Ciudad de México.
Según el informe de derechos humanos Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México, elaborado por GIRE, en Ciudad de México existían 1 mil 337 averiguaciones previas por aborto hasta 2023.
En Nuevo León, se registraron 742 denuncias y solo nueve acciones penales, lo que sugiere que la denuncia se usa como medida intimidatoria más que como sanción efectiva.
De los veinticinco estados con aborto voluntario legal, solo nueve han incorporado regulación en leyes locales de salud, y únicamente Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz cuentan con programas públicos para garantizar el servicio.
El informe de Human Rights Watch, organización internacional de derechos humanos, documenta que más de 72 mil personas viajaron del Estado de México a la capital para abortar de 2007 a 2024.
Congresos y gobiernos estatales determinan la aplicación real del derecho al aborto
El desafío principal es la implementación efectiva de sentencias y leyes federales en hospitales y clínicas estatales. La organización Telefem sostiene que las trabas se deben a carencias de información y falta de voluntad institucional, pese a que existen lineamientos federales desde 2022 que ordenan garantizar el aborto seguro en todo el país.
En Morelos y Durango, tribunales estatales han ordenado ofrecer el servicio y terminar con la criminalización tanto de mujeres como del personal médico. Aunque las reformas legislativas se aprobaron en comisión, siguen pendientes.
De no cumplirse el mandato, los congresos locales pueden recibir multas e inhabilitación de 5 a 10 años para cargos públicos, conforme a la sentencia del tribunal federal de Durango del 18 de julio de 2025.
En Tamaulipas, el presidente de la Junta de Gobierno local, Humberto Prieto Herrera, anunció en octubre de 2025 una propuesta para abrir el debate en parlamento abierto. Aún no hay fecha de votación, mientras quienes requieren abortar buscan acceso en otras entidades.
Como podemos ver, las diferencias entre el marco legal y el acceso sanitario sin criminalización continúan. Colectivas feministas como Sí hay mujeres en Durango y el grupo de derechos reproductivos GIRE mantienen litigios y acciones públicas para exigir que la despenalización se traduzca en atención médica gratuita, segura y sin criminalización a nivel nacional.
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