Mineros de Camino Rojo denuncian amenazas del crimen organizado: acusan omisión de autoridades

Trabajadores de la mina Camino Rojo, ubicada en Zacatecas, denunciaron haber sido víctimas de amenazas por parte del crimen organizado, sin que autoridades federales o estatales atendieran sus solicitudes de apoyo, de acuerdo con una investigación publicada por La Jornada.

Los hechos involucran a integrantes de la sección 335 del Sindicato Nacional Minero, quienes aseguran que la violencia e intimidación afectaron un proceso clave para la vida laboral del yacimiento.

El caso quedó asentado en el procedimiento especial colectivo 758/2024 ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos.

Según los testimonios, el sindicato solicitó desde noviembre de 2024 la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Marina (SEMAR) para garantizar condiciones de seguridad durante el recuento que definiría la titularidad del contrato colectivo de trabajo (CCT).

El objetivo, señalaron, era asegurar que la votación se realizara “sin violencia y sin que intervengan delincuentes del narcotráfico”. Sin embargo, no hubo respuesta efectiva de las autoridades.

Asimismo, el tribunal laboral solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública estatal el envío de 10 elementos para resguardar la jornada de votación programada para el 22 de noviembre de 2024. La dependencia respondió que no contaba con personal suficiente para cubrir dicha tarea, dejando sin protección a los trabajadores.

Disputa por contrato colectivo

Pese a las irregularidades denunciadas, la titularidad del CCT fue ratificada por tribunales federales y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral a favor del Sindicato Nacional Minero, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia. No obstante, la empresa canadiense Orla Mining, operadora de la mina, se ha negado a reconocer dicho resultado.

Este conflicto laboral se desarrolla en un contexto de tensión y presunta injerencia de grupos delictivos, lo que ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional.

El caso también fue analizado por el panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, el cual, en su resolución preliminar, reconoció que si bien el día del recuento se garantizó el voto libre y secreto, existió un “efecto disuasivo” derivado de meses de amenazas y silencio por parte de la dirección de la empresa.

Según los expertos, esta situación favoreció al sindicato patronal Beneficio de Minas, lo que pone en entredicho la legitimidad del proceso laboral.

Empresa reconoce limitaciones ante el crimen

En el documento revisado, se expone que la propia Orla Mining reconoce no contar con la capacidad suficiente para enfrentar el riesgo que representa la infiltración del crimen organizado en sus operaciones.

La empresa admitió que “las políticas, controles internos, la seguridad y la capacitación podrían no ser suficientes” para hacer frente a estas amenazas, lo que evidencia la vulnerabilidad del sector minero en regiones con presencia delictiva.

Falta de acción de la STPS

El Sindicato Nacional Minero también denunció que presentó pruebas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), incluyendo videos, fotografías y testimonios que evidencian la presencia de presuntos delincuentes dentro de las instalaciones de la mina.

Sin embargo, la dependencia habría rechazado intervenir argumentando que se trata de un asunto penal y no laboral, lo que ha sido criticado por los trabajadores como una omisión grave ante un contexto de riesgo.

Uno de los casos más alarmantes retomado por La Jornada, es el de Jaime Alberto Pulido León, integrante del comité local de la sección 335, quien sobrevivió a un aparente atentado. De acuerdo con la denuncia, un individuo armado intentó ingresar a su domicilio, lo que refuerza las acusaciones de violencia e intimidación contra miembros del sindicato.

Este hecho fue denunciado incluso ante la sede de Orla Mining en Vancouver, Canadá, como parte de una estrategia para visibilizar el conflicto a nivel internacional.