Delfina Gómez Álvarez hace cambios en Secretaría de Educación del Edomex después de escándalo por ‘aviadores’

Se detectó más de 300 docentes registrados en plazas inexistentes o sin vigencia

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Nombramiento Edomex Secretaría de Educación
Nuevos nombramientos en la Secretaría de Educación del Edomex (Delfina Gómez /FB)

La gobernadora del Estado de México Edomex, Delfina Gómez Álvarez, anunció una serie de ajustes en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), en medio de un escándalo por la detección de más de 300 aviadores dentro del sistema educativo estatal.

Los cambios en la dependencia se dan pese a que no fue removido de su cargo el actual titular, Miguel Ángel Hernández Espejel, lo que ha generado cuestionamientos sobre la profundidad de las acciones correctivas emprendidas por el gobierno estatal.

Entre los nombramientos más relevantes destaca la incorporación de Guillermo Calderón Vega como nuevo Director General de Educación Superior. Calderón Vega cuenta con trayectoria en la administración pública mexiquense, donde se desempeñó como subsecretario de Gobierno durante la gestión del exgobernador Eruviel Ávila Villegas, además de haber encabezado la Unidad de Derechos Humanos en la entonces Procuraduría General de Justicia estatal.

Asimismo, Margarita Camacho Gómez asumió como Directora General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el Estado de México. Su experiencia incluye cargos como delegada y subdirectora académica dentro del propio subsistema educativo, lo que refuerza su perfil técnico dentro del sector.

Otro movimiento clave es el de Margarita Rocío Serrano Barrios, quien fue designada como Subsecretaria de Educación Superior y Normal. Serrano Barrios ya había ocupado posiciones estratégicas como directora general del CONALEP Estado de México y coordinadora estatal de Educación Media Superior Federal en el estado de Hidalgo.

En tanto, Rita Yáñez Garnica se integró como Subsecretaria de Educación Básica, respaldada por una trayectoria en puestos directivos y de investigación dentro de instituciones educativas.

Ya se hizo la denuncia penal por aviadores

FGJEM Fiscalía Mexiquense Sede
Ya se presentó denuncia penal ante la Fiscalía Mexiquense por el caso de aviadores en la Secretaría de Educación del Edomex (FGJEM)

Estos cambios ocurren en un contexto delicado para la SECTI, luego de que se detectara una presunta red de irregularidades administrativas relacionada con la asignación de plazas docentes, donde había 324 aviadores.

De acuerdo con información oficial, la dependencia presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), bajo la carpeta de investigación NUC TOL/TOL/CSD/107/039307/26/02.

El origen de la investigación se remonta al 5 de febrero de 2026, cuando el Director de Secundarias Generales y Técnicas notificó mediante oficio los resultados de una revisión exhaustiva en las Claves de Centros de Trabajo (CCT). Este análisis permitió identificar inconsistencias graves en el registro de personal docente.

El reporte oficial detalla que al menos 324 servidores públicos aparecen dados de alta en el sistema educativo bajo claves que no cuentan con vigencia activa o que, en algunos casos, son completamente inexistentes. Esta situación apunta a un posible esquema de desvío de recursos públicos mediante el pago de salarios a personas que no desempeñan funciones reales, conocidos comúnmente como “aviadores”.

La administración estatal ha señalado que continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades y sancionar a quienes resulten involucrados. No obstante, especialistas advierten que este tipo de irregularidades reflejan fallas estructurales en los mecanismos de control administrativo dentro del sistema educativo.

El anuncio de los ajustes también busca enviar un mensaje de reordenamiento institucional y fortalecimiento de la gestión pública, en un momento en el que la transparencia y la rendición de cuentas se han vuelto prioritarias para los mexiquenses.

En paralelo, se espera que la FGJEM avance en la integración de la carpeta de investigación, lo que podría derivar en acciones legales contra funcionarios o particulares que hayan participado en estas prácticas.