El gobierno de Donald Trump presumió la captura de 26 capos mexicanos durante el primer año de su segundo mandato, como parte de una ofensiva más amplia contra organizaciones criminales internacionales clasificadas como terroristas.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, estas detenciones forman parte de lo que calificó como un “arresto histórico”, al considerar que se trata de un golpe significativo contra redes del narcotráfico y crimen organizado que operan a nivel transnacional.
“Arresto histórico” contra el crimen organizado
Las autoridades estadounidenses informaron que, en total, fueron detenidos cerca de 100 integrantes de Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTS) durante el primer año del nuevo gobierno republicano.
Entre los grupos criminales afectados destacan:
- 45 miembros del Tren de Aragua (Venezuela)
- 15 integrantes de los Sureños, de origen mexicano en Los Ángeles
- 11 miembros del Cártel de Sinaloa
- 11 integrantes de La Nueva Familia Michoacana
- Tres miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
- Un integrante del Cártel del Noreste
Además, también se reportaron capturas vinculadas a organizaciones como la Mara Salvatrucha y Los Choneros, ampliando el alcance de la estrategia de seguridad estadounidense.
Este enfoque responde a la decisión del gobierno de Trump de catalogar a varios cárteles como organizaciones terroristas, lo que ha permitido ampliar las herramientas legales y operativas para su persecución.
Cooperación México–Estados Unidos, clave en las detenciones
En paralelo a los arrestos realizados en territorio estadounidense, el gobierno mexicano llevó a cabo dos entregas relevantes de criminales a Estados Unidos durante 2025, sumando más de 50 personas requeridas por la justicia de ese país.
La primera ocurrió el 27 de febrero, con 29 capos, y la segunda el 12 de agosto, con otros 26. Estas acciones incluyeron figuras de alto perfil como:
- Rafael Caro Quintero
- Exlíderes de Los Zetas
- Integrantes de alto rango de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa
Las autoridades mexicanas, incluyendo la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, señalaron que estos individuos representaban un riesgo permanente para la seguridad pública y contaban con órdenes de extradición vigentes.
Estrategia bilateral y presión internacional
El endurecimiento de la política de seguridad entre ambos países se da en un contexto de mayor presión de Washington para frenar el tráfico de drogas, especialmente de fentanilo, así como el debilitamiento de las estructuras criminales que operan en ambos lados de la frontera.
Esta colaboración ha derivado en una aceleración sin precedentes en las extradiciones y detenciones, consolidando una estrategia conjunta que combina inteligencia, operativos y acciones judiciales.
No obstante, estas acciones podrían generar reacomodos violentos dentro de los cárteles, al fragmentar sus liderazgos y provocar disputas internas por el control de territorios y rutas de tráfico.
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