El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Pablo Albán, respondió a las críticas del Gobierno de México y sostuvo que el informe sobre desapariciones no se limita a un periodo específico, sino que analiza la evolución del fenómeno desde 2012 hasta la actualidad.
Además, defendió el carácter institucional del Comité y cuestionó las descalificaciones emitidas por autoridades mexicanas.
El posicionamiento se da tras el rechazo del Gobierno federal al informe del Comité contra la Desaparición Forzada, que solicitó al secretario general del organismo llevar la situación de México ante la Asamblea General, en el marco del artículo 34 de la Convención Internacional en la materia.
ONU aclara alcance del informe sobre desapariciones en México
Albán enfatizó que el análisis del Comité no se circunscribe a administraciones pasadas, como ha señalado el Gobierno mexicano, sino que incorpora información acumulada durante más de una década.
“El análisis del CED no se limita a un periodo cerrado”, indicó, al precisar que el organismo ha mantenido interacción constante con el Estado mexicano desde 2012.
En ese sentido, subrayó que el informe toma en cuenta datos actualizados, incluidos los registros más recientes sobre personas desaparecidas.
De acuerdo con el documento, más de 132 mil personas permanecen desaparecidas en México hasta febrero de 2026, cifra que continúa en aumento, lo que, según el Comité, refleja la magnitud del fenómeno a nivel nacional.
CED defiende su papel dentro del sistema de la ONU
El presidente del Comité también respondió a cuestionamientos sobre la naturaleza del organismo, al señalar que los órganos de tratado forman parte del sistema de Naciones Unidas.
Explicó que estos mecanismos fueron creados por los propios Estados miembros y tienen como función supervisar el cumplimiento de tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Asimismo, destacó que los integrantes del Comité son elegidos por los Estados parte, lo que garantiza su legitimidad, aunque actúan con independencia en sus decisiones.
Informe fue dirigido a la Asamblea General, no a oficinas técnicas
Uno de los puntos centrales de la respuesta fue la aclaración sobre el destino del informe. Albán precisó que la decisión del Comité no fue enviada a oficinas técnicas, sino directamente al máximo órgano deliberativo de la ONU.
Esto ocurre en aplicación del artículo 34 de la Convención, que permite al Comité escalar un caso cuando existen indicios fundados de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático.
En sus palabras, el procedimiento busca colocar el tema en la agenda internacional para su análisis y eventual adopción de medidas de apoyo al Estado involucrado.
ONU cuestiona descalificaciones del Gobierno mexicano
En respuesta a las críticas de la administración encabezada por Claudia Sheinbaum, Albán sostuvo que las diferencias son parte del diálogo internacional, pero marcó distancia frente a los señalamientos.
“El desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable”, afirmó, al subrayar la necesidad de mantener el respeto institucional hacia los órganos de supervisión en derechos humanos.
El Gobierno mexicano ha calificado el informe como “sesgado” y “tendencioso”, al considerar que no refleja los avances recientes en la materia.
En la misma línea, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también rechazó las conclusiones del Comité y cuestionó su independencia.
Informe desata tensiones entre México y organismos internacionales
La controversia surge luego de que el Comité concluyera que en México existen elementos que apuntan a desapariciones forzadas de carácter generalizado, lo que activó un mecanismo inédito para llevar el caso ante la Asamblea General.
El documento también advierte sobre una crisis forense, con decenas de miles de restos humanos sin identificar, así como patrones de impunidad en las investigaciones.
Por su parte, el Gobierno federal sostiene que no existe una política de Estado orientada a cometer desapariciones y que se han implementado reformas institucionales para atender el problema.
Objetivos señalados por el Comité de la ONU
En su posicionamiento, el Comité reiteró que su actuación busca fortalecer la cooperación con el Estado mexicano y atender la problemática desde un enfoque de derechos humanos:
- Prevenir las desapariciones forzadas en el país
- Intensificar la búsqueda de personas desaparecidas
- Impulsar investigaciones efectivas en cada caso
- Combatir la impunidad en delitos relacionados
- Garantizar atención y justicia para víctimas y familiares
Albán concluyó que estos objetivos deben mantenerse como una prioridad común entre el Estado mexicano y los mecanismos internacionales, en beneficio de las víctimas y sus familias.
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