Madres que rastrean matorrales con palos buscando restos. Carteles desgastados pegados en postes. Huesos blanqueados por el sol como único rastro de quienes un día estuvieron.
Esa es la imagen cotidiana de la crisis de desapariciones en México, el mayor desafío de derechos humanos que enfrenta el país. Pero ahora, según un reportaje del diario británico The Guardian, hay una nueva amenaza: que el propio Estado borre a los desaparecidos de los registros oficiales.
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El informe que encendió las alarmas, según The Guardian
El detonador fue un reporte reciente presentado por el gobierno mexicano. De acuerdo con la investigación del medio británico, mediante el cruce de registros de desaparición con documentos como declaraciones fiscales, actas de matrimonio y registros de vacunación, las autoridades concluyeron que 40 mil 308 personas —aproximadamente el 31 por ciento del total registrado— mostraron actividad en bases de datos estatales, lo que indicaría que probablemente siguen con vida. A través de este método, lograron localizar a 5 mil 269 personas.
Sin embargo, el informe también señaló que 46 mil 742 expedientes —cerca del 36%— carecen de información básica como nombre completo, fecha o lugar de desaparición, lo que haría imposible su búsqueda. Otros 43 mil 128 casos tienen registros completos pero no arrojaron señales de vida al cruzarse con otras bases de datos.
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“Están desapareciendo a los desaparecidos”
La reacción de los colectivos de búsqueda fue inmediata. The Guardian recogió el testimonio de María Herrera Magdaleno, líder del movimiento de madres buscadoras —cuatro de cuyos hijos están entre los desaparecidos—: “Lo que está haciendo el gobierno es ilógico e indignante”. En lugar de buscar a nuestros desaparecidos, los están desapareciendo”.
El medio británico también consultó a Armando Vargas, analista de seguridad del think tank México Evalúa, quien señaló que el recuento “no ofrece ninguna forma de justicia a las víctimas y desestima completamente las recomendaciones de la sociedad civil”. Su conclusión: “El Estado está haciendo desaparecer a los desaparecidos otra vez”.
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La postura oficial y sus contradicciones
La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó ante el cuestionamiento el compromiso del gobierno: “Continuaremos buscando a todas las personas desaparecidas hasta encontrarlas”.
La funcionaria de seguridad Marcela Figueroa argumentó, según documenta The Guardian, que las desapariciones recientes fueron “cometidas por individuos” y no por el Estado. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, añadió que algunos casos corresponden a “ausencias voluntarias”.
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Sin embargo, el reportaje apunta que los casos más graves documentados en México —incluida la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014— han involucrado directamente a actores estatales, lo que contradice la narrativa oficial.
Los 46 mil sin plan de búsqueda
Uno de los señalamientos más duros del reportaje apunta a que el gobierno no presentó ningún plan concreto para completar la información de los 46 mil 742 expedientes incompletos ni para avanzar en su localización. La carga, en los hechos, seguiría recayendo sobre las propias familias.
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The Guardian también documentó la profunda desconfianza hacia las fiscalías: de los más de 43 mil casos sin localizar, menos del 10 por ciento se encontraba bajo investigación penal.
La antropóloga Rosalva Aída Hernández Castillo explicó al medio que la colusión entre fiscalías y grupos criminales “es de conocimiento público”, lo que explica por qué muchas familias evitan denunciar.
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Las desapariciones en la mira de la ONU
El contexto institucional no ayuda. La semana en que estalló la polémica por el informe, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU anunció que llevará el caso de México ante la Asamblea General de Naciones Unidas, tras identificar indicios fundados de desapariciones generalizadas.
El gobierno respondió con un rechazo frontal, calificando el dictamen de “tendencioso”. Y mientras tanto, las dos comisiones de derechos humanos del país se fracturaron: la CNDH cuestionó al organismo internacional por basarse en posturas de ONG, en tanto que la Comisión de la Ciudad de México llamó al escrutinio externo una oportunidad de diálogo necesario.
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Con más de 130 mil personas desaparecidas desde que el Estado declaró la guerra a los cárteles, la disputa sobre los números no ocurre en el vacío. Ocurre mientras el mundo observa, las instituciones se contradicen y las familias buscadoras siguen cavando la tierra con sus propias manos. Para ellas, no es un debate técnico ni diplomático. Es la diferencia entre existir o ser borrados.
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