La alcaldía Miguel Hidalgo interpuso una denuncia penal contra el exalcalde Víctor Hugo Romo y su ex director jurídico por presuntos actos de corrupción y ejercicio abusivo de funciones, relacionados con la demolición ilegal de un inmueble ubicado en Moliere 88, el cual formaba parte del proceso de reconstrucción tras el sismo de 2017.
De acuerdo con el comunicado 23/2026, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos, donde se señala que los ex funcionarios habrían permitido la demolición sin contar con los permisos requeridos por la ley.
Demolición sin permisos en inmueble de reconstrucción
El predio en cuestión estaba sujeto al Acuerdo de Facilidades Administrativas para la Reconstrucción, lo que implicaba cumplir con requisitos específicos antes de cualquier intervención. Sin embargo, según la alcaldía, el entonces gobierno fue omiso a un llamado realizado en 2019 por la Comisión para la Reconstrucción, que exigía contar con:
- Licencia especial de demolición
- Programa de demolición
- Póliza de responsabilidad civil por daños a terceros
- Programa interno de protección civil
La autoridad actual señaló que no existe evidencia documental en los archivos de la alcaldía que acredite el cumplimiento de estos requisitos.
Simulación de verificación y omisiones administrativas
Otro de los señalamientos clave es la presunta simulación en la verificación de la obra. Aunque en 2020 se emitió una orden de visita, esta no se ejecutó dentro del plazo legal, lo que derivó en la caducidad del procedimiento administrativo.
Esto, según la denuncia, permitió que el desarrollador evitara sanciones por la demolición ilegal del inmueble.
Además, se subraya que el ex alcalde tenía conocimiento desde octubre de 2019 de las obligaciones legales del proyecto, pero no actuó de manera oportuna, ya que la verificación se realizó hasta un año después, cuando la demolición ya se había llevado a cabo.
Clausura de obra y posibles sanciones
El gobierno actual de la alcaldía informó que la obra construida tras la demolición fue clausurada por incumplir con la normativa vigente.
En cuanto a las posibles sanciones, el Código Penal local establece que el delito de ejercicio abusivo de funciones puede castigarse con penas de entre cinco y 20 años de prisión, mismas que podrían incrementarse hasta en dos terceras partes en caso de comprobarse actos de corrupción.
La alcaldía reiteró que con esta denuncia busca fincar responsabilidades y evitar la impunidad en casos relacionados con irregularidades en obras vinculadas a la reconstrucción tras el sismo de 2017.
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