La eutanasia se ha convertido en un tema puntual sobre la salud y muerte digna nivel internacional. En contexto con el caso de Noelia, una joven española de 25 años que sufre de paraplejia, quien ha solicitado y recibirá eutanasia el día de hoy, México abre vuelve a la conversación sobre este derecho.
El pasado 28 de octubre de 2025 se discutió en el Senado de la República sobre la propuesta de Ley Federal para la Muerte Digna, donde se debatieron los derechos de la persona en la etapa final de la vida y la posible despenalización de la eutanasia.
Durante el evento, especialistas analizaron que el derecho a una muerte digna debe considerarse un asunto fundamental en la agenda legislativa y no limitarse al debate sobre la eutanasia, argumentando que el enfoque debe centrarse en garantizar la autonomía de la persona y su acceso a cuidados paliativos.
La sesión reunió a representantes de asociaciones civiles, expertos en bioética y legisladoras, quienes destacaron la necesidad de actualizar el marco jurídico nacional para proteger y respetar la voluntad de quienes se encuentran en fase terminal. Entre los puntos destacados en el encuentro se incluyó la relevancia de la Ley Federal para la Muerte Digna para asegurar el derecho a rechazar tratamientos médicos innecesarios y facilitar la toma de decisiones informadas..
La iniciativa, discutida públicamente por el Senado, propone que el Estado mexicano garantice la aplicación de protocolos para la atención y acompañamiento integral en la última etapa de la vida, priorizando tanto la dignidad como la protección de los derechos humanos de los pacientes.
Este proyecto responde a la vigente prohibición federal de la eutanasia y al creciente respaldo social a su legalización, y plantea que, de ser aprobado, el Congreso federal deberá expedir una ley general en la materia. “Esta iniciativa se presenta en forma conjunta con otra que propone reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal para modificar las disposiciones vigentes que prohíben y penalizan el ejercicio de la eutanasia en nuestro país”, se lee en el documento expuesto el año pasado.
El impulso legislativo responde a prohibiciones federales vigentes
En México, la Ley General de Salud establece desde 2009 prohíbe explícitamente la eutanasia en su artículo 166 Bis 21, definiéndola como “homicidio por piedad” y remitiendo su penalización al Código Penal Federal. El artículo 312 del Código Penal Federal determina condenas de uno a doce años de prisión para quien ayude o realice directamente la muerte a petición de otro. Esta regulación ha motivado propuestas para modificar el marco legal actual y permitir el ejercicio de la autonomía individual en el final de la vida.
La Ciudad de México constituye un caso singular: desde la promulgación de su Constitución en 2017, reconoce a nivel local el derecho a una muerte digna como parte de la autodeterminación personal y la vida digna (Artículo 6). Sin embargo, las disposiciones federales impiden por ahora su ejercicio pleno, evidenciando la necesidad de una armonización nacional, según plantea la iniciativa.
En octubre de 2023, un grupo de legisladores encabezado por Emmanuel Reyes Carmona propuso reformar la Ley General de Salud para eliminar el artículo que prohíbe la eutanasia y establecer regulaciones para permitir su práctica bajo estándares supervisados. Por su parte, la diputada Irma Juan Carlos propuso en septiembre de 2022 reformar la Constitución Federal para reconocer el derecho a la vida y la muerte digna, y autorizar la eutanasia conforme a ley. Más recientemente, la diputada Leticia Chávez Rojas ha presentado una iniciativa para permitir la eutanasia en pacientes oncológicos y terminales.
Ley Trasciende
En los últimos años, se han impulsado diversas propuestas legislativas para modificar el marco normativo sobre muerte digna. Destaca la llamada “Ley Trasciende”, promovida por Samara Martínez, paciente con insuficiencia renal crónica y lupus que enfrenta fase terminal y aboga por la legalización de la eutanasia. Martínez subraya la necesidad de que las personas con padecimientos crónico-degenerativos avanzados tengan garantizado el derecho a elegir sobre su final de vida sin sufrimiento innecesario.
La Enfermedad Renal Crónica (ERC) tiene una incidencia estimada del 12% de la población, equivalente a unos 13 millones de personas. No obstante, el 80% de los pacientes permanecen sin diagnóstico formal y el acceso a diálisis o trasplante resulta insuficiente. Quienes atraviesan estos padecimientos frecuentemente enfrentan dolor físico y emocional intenso, con pérdida de autonomía y calidad de vida. La iniciativa sostiene que, de aprobarse la reforma, los pacientes que así lo decidan podrían evitar la prolongación de su sufrimiento, ejerciendo su derecho a una despedida libre de dolor.
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