Adiós a las pensiones doradas: Diputados eliminan pagos millonarios en CFE, Pemex, Banobras

Pese a las protestas de pensionados afuera de la Cámara de Diputados, los legisladores aprobaron en lo general con 458 votos a favor, el dictamen que modifica el monto de las pensiones doradas en Pemex, CFE, Banobras, Luz y Fuerza.

Al mismo tiempo que se llevaba a cabo el debate en el recinto legislativo, pensionados de estas instituciones protestaban al exterior exigiendo que se dé marcha atrás a la iniciativa que modifica el Artículo 127 constitucional.

La propuesta impulsada por Claudia Sheinbaum plantea que las pensiones asignadas a exfuncionarios de confianza tendrán como límite máximo el 50% del salario que percibe la titular del Ejecutivo federal, quien antes de impuestos percibe 193 mil 706 pesos, quedando en 134 mil 290 pesos netos, de tal forma que el monto de las pensiones doradas quedarían por debajo de los 70 mil pesos.

En el palacio legislativo mantienen la discusión de las reservas presentadas por partidos de oposición y aliados.

Retroactividad iría en contra de los derechos laborales

Durante el debate, Claudia Ruiz Massieu Salinas, diputada de Movimiento Ciudadano (MC), expresó su respaldo al proyecto de limitar las pensiones, argumentando que los recursos públicos no deben destinarse a financiar esquemas de retiro que excedan los límites constitucionales. Señaló que, aunque la eliminación de pensiones elevadas resulta positiva, una aplicación retroactiva de la reforma afectaría los ingresos de miles de personas que ya dependen de esos recursos y vulneraría derechos adquiridos a través de disposiciones transitorias.

Por su parte, Laura Hernández García, también diputada de MC, se manifestó a favor de restringir las pensiones para exservidores públicos con el objetivo de evitar privilegios y eliminar pensiones de monto elevado en contraste con quienes perciben ingresos mínimos. Anunció la presentación de reservas para modificar el segundo artículo transitorio, buscando que la nueva norma no se aplique retroactivamente a personas ya pensionadas y que las nuevas reglas alcancen a todos los sectores, incluidas las Fuerzas Armadas y los exministros de la Suprema Corte.

Irais Virginia Reyes De la Torre, integrante del mismo grupo parlamentario, advirtió que ajustar las pensiones ya otorgadas al nuevo límite representa una contravención a un principio constitucional y no puede considerarse un tecnicismo. Precisó que esta medida afecta derechos adquiridos, incrementa la posibilidad de amparos masivos, genera incertidumbre y podría ocasionar costos superiores a los ahorros previstos. Alertó que, lejos de fortalecer el marco constitucional, la reforma podría generar tensiones al priorizar resultados inmediatos.

Por su parte, la diputada del PRI Nadia Navarro Acevedo afirmó que su bancada respaldaría la iniciativa al considerarla un acto de reconocimiento a una deuda histórica con la ciudadanía, aunque aclaró que no apoyarán ninguna medida que implique la vulneración de los derechos adquiridos por los trabajadores.

Señaló que el debate fundamental debe centrarse en la creación de un sistema de pensiones más justo, equitativo y sostenible. Además, advirtió que reformas mal estructuradas pueden provocar efectos adversos, aumentar la incertidumbre laboral y elevar la carga fiscal.

Política de Sheinbaum prioriza tres pilares

Con este proyecto, las autoridades mexicanas pretenden frenar el pago de pensiones millonarias a exfuncionarios de confianza y directivos de organismos públicos, bancos de desarrollo y empresas estatales. Los montos otorgados hasta ahora, que en algunos casos alcanzan un millón de pesos mensuales, no serán modificados retroactivamente, pero no se podrán repetir para nuevos casos.

La propuesta excluye de cualquier cambio a los empleados con contratos colectivos vigentes. “Nos estamos refiriendo a aquellos trabajadores de confianza, a los altos mandos que a la fecha con recursos públicos o sea recursos del pueblo les tenemos que seguir pagando altísimas pensiones”, remarcó Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina.

La reforma se fundamenta en tres pilares: Austeridad Republicana, Humanismo Mexicano y Responsabilidad Financiera, según detalló Esthela Damián Peralta, consejera jurídica del Ejecutivo Federal. El objetivo es erradicar los beneficios extraordinarios para quienes se jubilan desde posiciones de alta dirección, principalmente en organismos descentralizados, fideicomisos y empresas estatales.

El gobierno señala montos exorbitantes

En el caso de Luz y Fuerza del Centro en Liquidación, 9 mil 457 ex trabajadores de confianza reciben pensiones que oscilan entre 100 mil y un millón de pesos. De ese grupo, 3 mil 504 jubilados perciben más que el sueldo neto mensual de la presidenta, según informó Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno.

Para Petróleos Mexicanos (Pemex), las cifras oficiales identifican a 544 personas pensionadas con ingresos superiores al salario de la Jefa del Ejecutivo, lo que representa un gasto anual de mil 827 millones de pesos. En la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 2 mil 199 pensionados superan el ingreso presidencial, con un desembolso de 4 mil 496 millones de pesos al año.

El panorama en la banca de desarrollo también evidencia montos elevados. Nacional Financiera (Nafin) tiene nueve pensionados con ingresos por encima de la presidenta, sumando 16 millones de pesos anuales. En el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), 19 personas reciben un total de 37 millones de pesos cada año en concepto de pensión superior al salario presidencial. En Bancomext, la cifra es de 22 pensionados, con un monto global de 45 millones de pesos anuales.