
El Pleno de la Cámara de Diputados dio entrada formal a tres dictámenes que reformulan aspectos clave de la industria cinematográfica; los derechos de intérpretes frente a la inteligencia artificial y el derecho a la vivienda adecuada, como parte de las propuestas legislativas impulsadas por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
Dichas iniciativas buscan no solo actualizar el marco normativo nacional, sino también responder a desafíos tecnológicos y sociales que afectan de manera directa a sectores estratégicos y grupos de trabajadores en el país.
La propuesta más relevante en materia de cifras incluye la sanción prevista para quienes infrinjan los derechos de las personas artistas intérpretes o ejecutantes en el contexto del uso no autorizado de inteligencia artificial. La multa podrá oscilar entre 50 y 100 UMAs (Unidades de Medida y Actualización), con la posibilidad de duplicarse en caso de reincidencia, aunque sin exceder el doble del máximo fijado.

¿Cuáles son los cambios que establece la Ley Federal de Cine y el Audiovisual?
Uno de los dictámenes presentados propone la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, que derogaría la Ley Federal de Cinematografía vigente. El objetivo principal es fomentar y regular la producción, distribución, difusión y preservación de obras cinematográficas y audiovisuales en México, así como garantizar el derecho de toda persona al acceso a esos contenidos “por cualquier medio”.
El texto subraya que la nueva ley tendrá aplicación obligatoria en todo el país y pondrá énfasis en rescatar y conservar el patrimonio fílmico nacional, asegurar la diversidad cultural, promover el desarrollo de la industria y apoyar la formación audiovisual como parte del derecho fundamental a la educación y la cultura. Además, establece que las entidades federativas, municipios y demarcaciones deberán colaborar activa y coordinadamente, tanto por sí mismas como mediante acuerdos con la autoridad federal competente, en el fomento y difusión de la industria.

El documento define a las obras cinematográficas y audiovisuales nacionales como vehículos de expresión artística, social o educativa, y recalca su carácter de productos culturales, recreativos y económicos.
La intención declarada es adecuar el marco normativo actual frente a los desafíos que implica el uso de herramientas de inteligencia artificial en las industrias creativas y de la comunicación. En concreto, protegerá a quienes ejercen el doblaje y otras actividades susceptibles de apropiación tecnológica no autorizada.
También señala que queda prohibida toda reproducción total o parcial de artistas intérpretes y ejecutantes a través de sistemas informáticos o cualquier otro medio tecnológico, “salvo consentimiento expreso, libre e informado y que medie remuneración entre las partes”.
El dictamen también faculta al Instituto Nacional del Derecho de Autor para notificar personalmente los actos administrativos por medios fiables, como el correo certificado con acuse de recibo, telefax u otros mecanismos que aseguren que el particular esté debidamente notificado.

<b>Dictamen sobre la vivienda</b>
Un tercer dictamen presentado ante la Cámara de Diputados, elaborado por la Comisión de Vivienda, propone la sustitución del término “vivienda digna y decorosa” por el de vivienda adecuada en la Ley de Vivienda.
Esta reforma enfatiza que la vivienda adecuada debe cumplir con criterios de accesibilidad, adecuación cultural, asequibilidad, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura. También contempla la habitabilidad, seguridad en la tenencia, y ubicación, asegurando que la respuesta estatal esté orientada a contextos urbanos y rurales diversos.
La propuesta plantea que la Política Nacional de Vivienda incorpore estrategias para facilitar el crédito a las personas trabajadoras en búsqueda de vivienda. Se refiere también a la posibilidad de financiar demoliciones, rehabilitaciones y adquisiciones a través de recursos procedentes de los fondos públicos. Esta iniciativa también prevé la transmisión de bienes inmuebles y unidades para usos diferentes a la vivienda bajo nuevas disposiciones legales.
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