La polémica tras el abatimiento de Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", ocurrida el pasado 22 de febrero tras un operativo en Tapalpa, Jalisco, puso en el centro la actuación de las autoridades y de la prensa.
La Fiscalía General de la República (FGR) admitió 22 días después de la muerte del narcotraficante que no resguardó la cabaña donde se ocultaba el líder criminal en las horas posteriores al operativo, lo que habría permitido el ingreso de periodistas nacionales y extranjeros.
Gracias a los comunicadores de diversos medios como El Universal y Milenio fue revelada la presencia de diversas narconóminas en la última guarida del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), las cuales pudieron haber incriminado a instituciones de seguridad. Sin embargo, la FGR señaló que debido a la presunta contaminación del sitio -provocada por la ausencia de resguardo- estas no podrían ser consideradas como evidencias.
Tras los hechos, el consultor y analista especializado en seguridad pública, David Saucedo, compartió con Infobae México su análisis sobre el papel de la prensa y los límites legales tras los señalamientos de la FGR.
Los señalamientos oficiales y la función periodística
En un comunicado publicado el pasado 16 de marzo, la FGR confirmó que diversas personas ingresaron al sitio, por lo que se alteró y contaminó la escena. Al respecto, David Saucedo precisó que la obligación de preservar la escena y resguardar los indicios corresponde exclusivamente a las autoridades ministeriales. Para el especialista, la entrada de periodistas responde a un vacío en la actuación oficial más que a una conducta ilegal de la prensa.
Según David Saucedo, “los medios de comunicación hicieron su papel. De hecho, no es la primera vez. En el rancho Izaguirre también sucedió algo parecido”.
El consultor recordó que en ocasiones anteriores la prensa ha realizado inspecciones independientes que han permitido descubrir hechos omitidos por las autoridades.
Además de lo ocurrido en el Rancho Izaguirre con la divulgación de la prensa, Saucedo recordó la detención de Zhenli Ye Gon en el 2007 en Estados Unidos, la cual derivó en uno de los decomisos de dinero más grandes en la historia de México, con más de 200 millones de dólares localizados en la mansión del presunto distribuidor de precursores químicos utilizados para la creación de drogas.
El especialista explicó que, en esa ocasión, los propios medios de comunicación analizaron y compararon las imágenes de los fajos de billetes encontrados con el espacio físico disponible y, a partir de ese cotejo, concluyeron que la cifra de dólares reportada oficialmente era inferior a la real.
Esa revisión periodística habría permitido identificar que la autoridades había subregistrado la cantidad incautada, lo que evidenciaría la importancia del trabajo de la prensa en la fiscalización del actuar oficial.
En torno al reciente caso de Tapalpa, Saucedo detalló que los comunicadores presentes en Tapalpa realizaron coberturas que permitieron dar a conocer hallazgos relevantes.
Para el especialista, este trabajo es parte fundamental de la vigilancia social sobre el actuar de las autoridades.
Qué hallaron los medios y la importancia del resguardo oficial
Durante la incursión a las cabañas, los periodistas documentaron objetos como tintes para cabello, medicamentos, videojuegos y las famosas nóminas que revelarían parte de la estructura financiera del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Estas narconóminas contendrían registros de pagos a sicarios, control de drogas entregadas a operadores, presuntos sobornos a policías municipales de Jalisco y autoridades federales, además de ganancias obtenidas mediante máquinas tragamonedas, evidenciando el funcionamiento interno y las operaciones financieras de la organización criminal.
David Saucedo recalcó que el deber de asegurar la escena recaía exclusivamente en las autoridades estatales y federales, para utilizar lo localizado como indicios para una investigación.
“La responsabilidad fue completamente estatal”, sostuvo Saucedo.
Procesos legales y sanciones administrativas
Sobre la posibilidad de que los comunicadores enfrenten procesos legales, Saucedo consideró inviable que la autoridad logre judicializarlos.
“Yo creo que no van a poder hacerlo, sería un escándalo, pero sí tratan de responsabilizar a los reporteros, me parece que ellos no tienen ninguna responsabilidad”, afirmó el experto.
Asimismo, insistió en que la función de la prensa es documentar y vigilar la actuación de las autoridades, y cualquier intento de atribuirles responsabilidad penal carece de fundamento.
La FGR mantiene abiertas investigaciones internas para determinar si existieron omisiones en la preservación de la escena y si funcionarios de la propia fiscalía podrían enfrentar sanciones administrativas.
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