El pasado 12 de febrero de 2026, comunidades indígenas tseltales del ejido Jotolá, en el municipio de Chilón, Chiapas, fueron víctimas de un desplazamiento forzado que obligó a 30 personas de ocho familias campesinas a dejar sus viviendas ante actos de violencia extrema. Organizaciones de derechos humanos han registrado que, además de la expulsión, varias personas denunciaron haber sido sometidas a tortura durante los hechos, lo que ha generado alarma entre activistas y defensores de los pueblos indígenas.
Según documentación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), el desalojo forzado no fue un simple conflicto agrario, sino un episodio en el que participaron miembros de cuerpos de seguridad locales y estatales, así como funcionarios de instituciones federales, quienes irrumpieron en las tierras comunitarias con un grupo numeroso de personas.
La violencia se manifestó en la destrucción de viviendas, la quema y saqueo de pertenencias, e incluso en el asesinato de animales domésticos. Tres de las personas desplazadas señalaron que fueron sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo torturas, hechos que han sido denunciados ante organismos defensores de derechos humanos.
Impacto humanitario y exigencias de protección
Entre quienes tuvieron que abandonar el ejido se cuentan niñas y niños, una mujer embarazada, personas adultas mayores y menores con discapacidad, lo que agudiza la vulnerabilidad de las familias afectadas. Las organizaciones civiles han solicitado al Estado mexicano la aplicación de medidas urgentes para garantizar la seguridad de estas personas, así como la investigación de los hechos y la protección de sus derechos fundamentales.
Además, defensores han señalado que tras los sucesos, algunos de los afectados fueron vinculados a proceso bajo acusaciones penales, lo que consideran parte de un patrón de criminalización de líderes comunitarios que defienden su tierra y modos de vida.
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