El cobro de derechos en las Áreas Naturales Protegidas del noroeste de México genera ingresos considerables, pero solo una pequeña fracción regresa realmente a la conservación ambiental, según estudio.
Investigadores de Wildlands Network y Niparajá documentan que, entre 2018 y 2022, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reintegra apenas 8 por ciento de estos recursos para el manejo directo de las ANP.
Mientras que la mayor parte se dirige a gastos administrativos, pese a que la Ley Federal de Derechos ordena que el dinero debe destinarse a actividades de protección ecológica.
Según el estudio titulado Cuidar lo que importa. Las áreas naturales protegidas y el cobro de derechos la situación financiera de estas áreas se complica por la reducción presupuestal de 50 por ciento entre 2017 y 2022, agravada por la Ley Federal de Austeridad Republicana.
El presupuesto de conservación se desvía a oficinas administrativas
El análisis presentado por Miguel A. Palmeros Rodríguez, de la Sociedad de Historia Natural Niparajá, y Gina I. Chacón Fregoso, de Wildlands Network, concluye que la operación de las ANP enfrenta precariedad presupuestal.
A pesar de que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) recaudó 695 millones 740 mil 052 pesos por cobro de derechos en cuatro años, el porcentaje que regresa a tareas de manejo sustentable es mínimo.
Entre 2019 y 2022, la SHCP devolvió a la Conanp solo 40 por ciento de lo recaudado. De ese monto, 24 por ciento se destinó a oficinas centrales, 8 por ciento a oficinas regionales y únicamente 8 por ciento a la operación directa de las áreas naturales protegidas.
La mayor parte de estos recursos, según el informe, se usa en servicios y materiales para oficinas, relegando la conservación ambiental a segundo plano.
Sin embargo, el artículo 198 de la Ley Federal de Derechos establece que el dinero debe priorizar la protección y restauración ambiental.
Por esto, las organizaciones citadas urgen el regreso del 100 por ciento de los ingresos a la Conanp, mediante mecanismos claros, transparentes y continuos, para que puedan cubrir gastos de operación y fortalecer la infraestructura para la conservación ecológica.
La SCJN avala cuotas diferenciadas en ANP por conservación ecológica
En paralelo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el cobro de mil 500 pesos por persona para entrar y realizar actividades no extractivas en el Parque Nacional Revillagigedo y la Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe.
El fallo, emitido en sesión de Pleno el 16 de abril, concluye que el artículo 198, fracción I Bis, de la Ley Federal de Derechos cumple con legalidad y proporcionalidad, ya que la cuota responde a la fragilidad ecológica de estas zonas y no elimina la libertad de trabajo de los operadores turísticos.
La SCJN afirmó que: “La contribución se dirige a la conservación, vigilancia y restauración de estos ecosistemas”. Pero según el estudio citado anteriormente, el dinero recaudado no vuelve en su totalidad a estas ANP y mucho menos se dedica a la conservación ecológica de estas zonas.
El tribunal también descartó que la cuota vulnere derechos laborales y sostiene que busca proteger ecosistemas extremadamente frágiles ante la presión turística. Empresas y personas físicas habían reclamado ante la SCJN que el cobro resultaba excesivo y desigual.
Balandra: el caso extremo donde casi nada vuelve a la conservación
El área de Protección de Flora y Fauna Balandra, ubicada a 20 kilómetros de La Paz, Baja California Sur, resalta como ejemplo de la brecha financiera: entre 2018 y 2022, la recaudación por cobro de derechos en Balandra creció 836 por ciento, de 274 mil 432 a 2 millones 569 mil 260 pesos.
Solo en 2022, generó esta última cifra, equivalente al 50 por ciento de lo necesario para detener el deterioro de la biodiversidad local, de acuerdo con cálculos de la Conanp y Endesu. Sin embargo, en ese mismo año, solo se le reintegró 0.7 por ciento del total que recaudó.
Los investigadores proponen que la Dirección de Balandra y la Dirección Regional Península de Baja California y Pacífico Norte asignen los ingresos reintegrados a:
- la presencia de guardaparques
- la creación de fondos de emergencia para contingencias ambientales
- la restauración de manglares
Acciones que reciben recursos insuficientes bajo el actual esquema de distribución.
Organizaciones sugieren mecanismos para garantizar un retorno íntegro de ingresos
Finalmente, el informe liderado por Palmeros Rodríguez y Chacón Fregoso recomienda que la SHCP, la Conanp y la Semarnat acuerden el regreso total de los recursos recaudados por cobro de derechos, o al menos el 50 por ciento para cubrir gastos operativos de las áreas naturales.
Proponen también la publicación transparente y accesible de los datos de recaudación, la mejora de infraestructura para el cobro y campañas de información que destaquen el beneficio del financiamiento para la protección ambiental.
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