Lilly Téllez pide investigar robos por presuntos miembros de la Guardia Nacional en Tijuana

La senadora Lilly Téllez solicitó a las autoridades federales, estatales y municipales investigar con imparcialidad los recientes ataques en Tijuana atribuidos a sujetos armados que, vestidos con uniformes similares a los de la Guardia Nacional, irrumpieron en viviendas de la zona Chapultepec/Hipódromo Agua Caliente.

El exhorto de Téllez, dirigido a la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, plantea la necesidad urgente de esclarecer si existe una suplantación de identidad, verificar la autenticidad de uniformes y vehículos, reforzar la seguridad en la región y establecer sanciones adecuadas, al tiempo que exige la rendición de informes públicos y a la propia Cámara de Senadores.

Preocupación del sector médico, principales víctimas de los hechos

En las filas del gremio médico local la preocupación ha crecido, especialmente ante la confirmación de al menos cuatro incidentes ocurridos desde diciembre de 2025 con presuntos integrantes de la Guardia Nacional.

Según Fabián Walters Arballo, presidente de Baja Health Cluster, la falta de resultados y transparencia agudiza el sentimiento de inseguridad: “La falta de claridad y la tardanza en las investigaciones agravan la desconfianza en las autoridades”, sostuvo en conferencia citada en el exhorto oficial de la senadora. Esta situación, añadió, erosiona la credibilidad institucional al dejar sin respuestas sólidas tanto a las víctimas como a la ciudadanía.

Representantes médicos han articulado también el temor a secuestros y “levantones” como los vividos entre 2008 y 2010. Enrique Shultz, tesorero de la misma red médica, sintetizó el sentimiento colectivo: “Tenemos preocupación, indignación y desconcierto. Y claro que tenemos miedo, pero no nos vamos a quedar callados”.

Modus operandi de los sujetos con uniforme de la Guardia Nacional

El exhorto de Lilly Téllez, formulado ante el Senado, se apoya en videos y testimonios difundidos en redes sociales y medios de comunicación, donde se constata que individuos armados, identificándose como “policía federal” sin mostrar orden judicial, ingresaron de forma violenta a domicilios privados en Tijuana.

En las imágenes se observan vehículos y equipos aparentemente oficiales, aunque sin los números de identificación reglamentarios, lo que complica la trazabilidad institucional de los implicados.

Las denuncias recogidas indican una posible suplantación de funciones, el uso indebido de insignias y hasta la participación directa de elementos de corporaciones oficiales en actividades delictivas. Todo ello ha desatado alarma social y cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad pública en Baja California.

El llamado unificado del sector médico y de otras voces sociales se centra en la exigencia de un plan real y efectivo contra la inseguridad, así como sanciones para los responsables, sin distinción entre funcionarios públicos o civiles.

También es señalado como indispensable definir si los agresores eran integrantes de la Guardia Nacional o civiles disfrazados de agentes, y subraya que el temor a represalias ha provocado que varias víctimas eviten formalizar denuncias, lo que contribuye a un subregistro de los delitos.