En los últimos meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha estado envuelta en una sucesión de polémicas que han puesto en entredicho el discurso de austeridad con el que inició funciones la nueva integración del máximo tribunal.
Desde la compra de camionetas blindadas de lujo y viajes en clase ejecutiva, hasta gastos administrativos cuestionados y divisiones internas por votaciones, la Corte ha enfrentado un periodo de fuerte escrutinio público a poco más de cuatro meses de su renovación.
Camionetas blindadas de lujo y un costo millonario
El episodio que detonó la mayor controversia ocurrió en enero de 2026, cuando se reveló la adquisición de nueve camionetas blindadas tipo Jeep Grand Cherokee modelo 2026, una para cada ministro.
De acuerdo con estimaciones difundidas por analistas y periodistas, cada vehículo tendría un precio aproximado de entre 1.5 y 1.7 millones de pesos, al que se sumaría el blindaje nivel 5, cuyo costo en el mercado mexicano ronda los 2 millones de pesos.
Esto implicaría un gasto cercano a los 3.5 millones de pesos por unidad, es decir, alrededor de 31.5 millones de pesos en total.
Aunque la SCJN argumentó que la compra se realizó conforme a la normatividad interna y por razones de seguridad, la reacción pública obligó a los ministros a anunciar que no utilizarían las unidades y que iniciarían su devolución o reasignación a juzgadores en mayor riesgo.
Viaje en clase ejecutiva y cuestionamientos a la austeridad
Poco después, surgió otra polémica cuando la ministra Loretta Ortiz Ahlf fue captada viajando en clase ejecutiva en un vuelo con destino a Costa Rica.
Las imágenes generaron cuestionamientos inmediatos sobre si el traslado fue cubierto con recursos públicos o personales, en un contexto donde la Corte ha insistido en el uso responsable del presupuesto.
Posteriormente, la ministra informó que el viaje tenía fines institucionales y académicos, al participar en actividades del Año Judicial Interamericano y en un seminario sobre derechos humanos.
o obstante, el episodio reforzó la percepción de incongruencia entre el discurso de austeridad y ciertas prácticas dentro del máximo tribunal.
El retrato al óleo y errores administrativos
Otra controversia se originó por la adjudicación de un contrato para la elaboración de un retrato al óleo de la ministra Lenia Batres Guadarrama, con un monto de 40 mil 600 pesos.
La cifra equivale a más de 128 veces el salario mínimo diario vigente.
Tras la difusión del caso, la SCJN emitió una nota aclaratoria en la que aseguró que el retrato nunca se realizó, que el contrato no se formalizó y que no hubo pago alguno.
Sin embargo, el tribunal reconoció errores administrativos, ya que el documento permaneció visible en el portal de transparencia, lo que generó dudas sobre los controles internos y la gestión del gasto.
Votos divididos y fricciones dentro del Pleno
Más allá de los temas presupuestales, la Corte también ha enfrentado tensiones internas por sus decisiones jurisdiccionales.
n enero, durante la discusión de un proyecto presentado por Lenia Batres, siete ministros votaron a favor de eliminar un párrafo al considerar que vulneraba el principio de cosa juzgada.
El intercambio evidenció desacuerdos sobre el alcance de los proyectos, la forma de reflejar las mayorías y el peso de la ponencia individual frente a la decisión colegiada del Pleno, lo que expuso divisiones en una Corte que apenas inicia su etapa como órgano electo por voto popular.
Asesores del ministro presidente y el gasto en estructura administrativa
Uno de los primeros escándalos de esta nueva Corte se dio a conocer en septiembre de 2025, cuando trascendió que el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, contaba con una estructura de más de 100 colaboradores, cifra muy superior a la de administraciones anteriores.
De acuerdo con información oficial de la propia SCJN, el equipo estaba integrado de la siguiente manera:
102 trabajadores en total bajo la órbita del ministro presidente.
- 8 secretarios de Estudio y Cuenta
- 12 secretarios auxiliares
- 39 personas de apoyo operativo
- 34 trabajadores en la Coordinación de Dictaminación, incluidos secretarios, auxiliares y personal operativo.
- 9 colaboradores adscritos directamente a la Presidencia, además del propio ministro.
Tras la polémica, la Corte anunció una reducción del personal de la Ponencia, que pasaría de 59 a 40 personas.
Aun así, el número final de asesores —83— siguió siendo más de nueve veces mayor que el equipo con el que contaba la anterior presidenta de la SCJN.
En conjunto, estos episodios han configurado un periodo complejo para la Suprema Corte, marcado por decisiones administrativas costosas, cuestionamientos al uso de recursos públicos y tensiones internas, justo cuando la institución busca consolidar su legitimidad ante la ciudadanía.
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